El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Puebla, Jorge Estefan Chidiac, propuso ante la Comisión Permanente modificar las atribuciones de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público. 

La iniciativa plantea modificar las fracciones III y IV del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso, y los incisos d), y h) de la fracción III del artículo 48; la fracción IV del 48; y se Adicionan los incisos e), f) y g) a la fracción III del 48 del Reglamento Interior del Poder Legislativo. 

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) argumentó que modificar las atribuciones de estas comisiones podría mejorar y eficientar el trabajo legislativo; en el caso de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, se convertiría en la Comisión de Hacienda, Crédito Público y Patrimonio Municipal. 

Esta comisión podría expedir y reformar los ordenamientos legales para cumplir con los lineamientos relacionados con deuda pública; estudiar y proponer las modificaciones a las bases para que el estado y los municipios, así como para que los Organismos Descentralizados puedan contraer créditos destinados a inversiones públicas. 

La Comisión de Presupuesto y Crédito Público se convertiría en la Comisión de Planeación y Presupuesto y se encargaría de estudiar y aprobar el gasto público y la Ley de Egresos del gobierno del estado; evaluar el cumplimiento del presupuesto de egresos; adecuar el marco jurídico local con la finalidad de realizar las modificaciones y necesarias en materia de presupuesto, contabilidad y gasto público estatal y municipal. 

El cambio en el nombre de la comisión y sus atribuciones no afectaría a los integrantes, pues serían los mismos que actualmente las integran.

La iniciativa del priista fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y posible aprobación.

Proponen capacitación para defensoría

Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Patricia Valencia Ávila, propuso modificar la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado para establecer como una obligación que las y los defensores se capaciten para atender con perspectiva de género los casos legales de violencia en contra de las mujeres. 

“XIV. Someterse a una capacitación y actualización permanente en materia de perspectiva de género, igualdad sustantiva y violencia contra las mujeres”, dice la propuesta. 

Esto con el objetivo de que las mujeres que denuncien alguna agresión tengan acceso a abogados de oficio que las defiendan adecuadamente y eviten la revictimización.