Por Mario Galeana, Guadalupe Juárez y Carlos Galeana

A Arte* lo detuvo la policía estatal una mañana de enero de 2021 en el fraccionamiento Los Héroes, al sur de la ciudad de Puebla. Arte es productor de música y esa mañana llevaba una pipa con dos o tres gramos de cannabis porque quería fumar antes del desayuno. Pero cuando los policías lo consignaron, Arte pasó a convertirse ante el ministerio público en “El Espiralia”, un cibernarcotraficante que vendía droga por redes sociales y que portaba 15 dosis de cristal y 10 cuadros de LSD al momento de su detención.

Una fotografía de Arte con el rostro difuminado se publicó en por lo menos 13 medios de comunicación, que reprodujeron de forma íntegra un comunicado emitido por la policía. El cibernarco —decían— había sido localizado gracias a “labores de inteligencia”.

En todo ese año, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo en la ciudad de Puebla a 256 personas por delitos contra la salud. En los comunicados que emitió por cada una de esas detenciones, la policía estatal dijo que el 80% estaban vinculados con grupos delictivos o eran considerados vendedores y distribuidores de droga. Así como ocurrió con Arte. Y así como ocurrió después con Fritz*, y con Leslie, y con otros nombres arrojados a las páginas de la nota roja.

Porque entre esos comunicados plagados de alias, rostros anónimos y nombres de supuestos grupos criminales, se oculta un modus operandi extendido entre policías y ministerios públicos. Una estrategia de criminalización que ha alcanzado por igual a personas usuarias y no usuarias de sustancias psicoactivas.

Una política que no distingue entre colores de partidos y que se ha utilizado para detener a personas jóvenes, sobre todo hombres en sus veintes, procedentes de colonias marginadas por la falta de oportunidades. Hombres a los que se puede sembrar sustancias, armas o alias, sólo para engrosar estadísticas, informes y, sobre todo, una narrativa: la supuesta guerra contra las drogas.

Una ley contradictoria

Las policías municipal y estatal y los agentes de la fiscalía local de Puebla han detenido a miles de personas en los últimos años por delitos contra la salud y narcomenudeo.

Sólo en la capital del estado, 2 mil 106 personas fueron detenidas entre 2018 y 2021 por actividades relacionadas con sustancias psicoactivas, como posesión simple y supuesta venta y distribución.

En las cárceles del estado, sin embargo, sólo 83 personas estaban recluidas por alguna de estas actividades; y tres de cada cuatro estaban allí por posesión simple, según un censo del Inegi realizado en 2020.

Para llegar al conteo de detenciones, Manatí revisó boletines informativos y publicaciones de dependencias en redes sociales, y presentó solicitudes de información que no fueron respondidas de forma total por las instancias involucradas.

Si las detenciones por drogas se cuentan por miles, pero los ingresos a prisión no llegan ni a un ciento, esto se debe a que las leyes en México son suficientemente contradictorias para permitir que los ministerios públicos decidan el proceso de las personas detenidas bajo criterios discrecionales, y muchas veces también después de haberles torturado y amenazado.

La Ley General de Salud y el Código Penal Federal permiten la portación de cantidades determinadas de marihuana, cocaína, heroína, LSD, metanfetamina y otras sustancias.

En el caso del cannabis, una persona puede llevar hasta 5 gramos sin ser detenida. Si supera esta cantidad se incurre en posesión simple de drogas, un delito del que se han valido policías y agentes por igual para detener a quien sea.

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Con este delito no necesitan comprobar ante el ministerio público que esa sustancia será vendida o distribuida. A veces, ni siquiera necesitan que exceda el límite permitido de portación.

“¿Cómo podemos saber que un policía sabe que yo poseo más de 5 gramos de cannabis o si poseo 10?”, se pregunta Adriana Muro, directora de Elementa DDHH, una organización feminista que trabaja para la construcción y fortalecimiento regional de los derechos humanos en México y Colombia.

Y continúa: “Ahí es donde se dan todas estas prácticas de extorsión y de siembra en contra de las personas usuarias. Porque yo puedo traer 5 gramos, pero si me siembran 10 o 100 me pueden llevar al ministerio público, ahí es donde la cosa se complica”.

A Arte, por ejemplo, lo amenazaron y golpearon por una hora en el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, una base policial que se conoce como C-5. Los policías estatales querían que Arte reconociera un vínculo con un chico de su colonia, o que por lo menos dijera en dónde compraba la mariguana que llevaba esa mañana. Él se los dijo: al chico no lo conocía más que de vista y la mariguana la había cultivado él mismo. Un policía lo golpeó, lo amenazó y, casi al final del interrogatorio, amenazó con dispararle.

Cuando fue presentado al ministerio público, Arte leyó su declaración: habían utilizado el nombre artístico que utilizaba como productor musical, “El Espiralia”, como un alias del submundo criminal. Habían escrito que los policías lo persiguieron por varias calles, casi como en una película de acción. Pero en cambio no habían dicho nada de la marihuana por la que había sido detenido; en su lugar, decían que llevaba 15 dosis de cristal y 10 dosis de LSD. 

“Me saco de onda, me quedo viendo al MP (ministerio público), a los dos policías, y les digo: ¿pues qué pasó? Yo no traía eso, yo venía por marihuana, no por cristal ni nada de eso. Se quedan viendo entre ellos y lo único que dice el MP es: ‘pues así está’”, cuenta un año después de su detención.

Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la Oficina en México de Elementa DDHH, sostiene que si el delito de posesión simple de sustancias psicoactivas no se ha eliminado en el país es porque es la forma perfecta para sostener la versión del supuesto éxito de la guerra contra las drogas y el narcotráfico.

“Este tipo de prácticas, de presentarlo siempre de este modo en los medios, es justamente para justificar y sostener un éxito que claramente no existe, hay un rotundo fracaso de la guerra contra las drogas en nuestro país”, insiste.

El informe Prisión por posesión: el papel de del delito de posesión simple en la guerra contra las drogas en México, elaborado por Elementa DDHH, señala que hasta 2019 había en el país 5 mil 661 personas privadas de la libertad con sentencia y mil 787 más en prisión preventiva sólo por este delito.

“Estas cifras muestran que se mantiene el uso de la medida cautelar más restrictiva para un delito como el de posesión simple, el cual no tiene víctima, ni riesgo de que la persona investigada obstaculice el procedimiento”, señala el informe. 

Arte pagó una fianza y pudo enfrentar su proceso penal en libertad, pero pasaron ocho meses para que un juez dictara sentencia en su contra.. Ahora debe cumplir por más de un año con ciertas medidas cautelares, como registrar constantemente su lugar de residencia y su trabajo.

Hubo otra cosa que robó su tranquilidad a lo largo de este tiempo. Algunos días después de ser detenido, comenzó a recibir amenazas a través de la página de Facebook de su productora musical.

“Siento que eran ellos, los policías. Usaban las mismas palabras que usaron en mi detención y decían: ‘ahora sí la libraste, pero tenemos todos tus datos, tú sabes que sí la hiciste. Mejor no pongas resistencia en el juicio, no vayas a decir nada’”.

Una guerra… contra los jóvenes y los barrios pobres

Fritz* dice que no llevaba más de 3 gramos de marihuana cuando cuatro policías municipales lo detuvieron bajo el pretexto de una inspección. Uno de los policías le quitó a Fritz una cangurera y dio la vuelta, como si quisiera introducir algo. Cuando giró de nuevo, en la cangurera había una pistola.

Había algo que los policías no sabían de Fritz: que era abogado, activista cannábico y que poseía un permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para portar, sembrar, cultivar, transportar y poseer cannabis.

Cuando se realizó la primera audiencia, Fritz exhibió que los policías habían fabricado la posesión de 90 gramos de marihuana, el arma de fuego y tres cartuchos útiles. La jueza que llevó su caso reconoció las irregularidades y ordenó el cese de los actos penales. Ahora es él quien ha presentado una denuncia en contra de los policías municipales involucrados.

Hasta hoy, Fritz cree que sólo fue detenido por su apariencia: porque es un muchacho en sus veintes, porque iba mal vestido y un poco sucio a causa del trabajo.

Las miles de detenciones registradas en los últimos años pueden respaldar su hipótesis.

Entre las cifras disponibles se sabe que el 46% de las personas detenidas en los últimos cuatro años en Puebla tenían entre 18 y 29 años. Sólo el 5% eran menores de edad. Sin embargo, en este análisis hay un gran vacío de información, pues las autoridades omitieron dar a conocer la edad del 57% de las 2 mil 106 personas consignadas en este periodo.

Si algo revelan las cifras disponibles es que las detenciones ligadas a la posesión simple no se realizan al azar. Los operativos están focalizados, sobre todo, en colonias con muy bajas condiciones de vida.

En Las Cuartillas, una colonia al norte de la ciudad de Puebla con 2 mil 594 habitantes, han sido detenidas 130 personas, el mayor número registrado en estos cuatro años, con una tasa de 501 personas detenidas por cada 10 mil habitantes. 

En el Centro Histórico, la segunda zona con más casos, la tasa de detenciones es de 66 por cada 10 mil habitantes. En la Unidad Habitacional San Bartolo, un infonavit al sur de la ciudad que es la tercera zona con más detenciones, la tasa es de 50.7 detenciones por cada 10 mil habitantes.

Estas tres zonas son, de acuerdo con la Secretaría de Economía del gobierno de Puebla, colonias con un grado muy bajo de oportunidades para sus habitantes, debido a la poca cobertura de servicios de salud, el bajo nivel de escolaridad y de ingresos y gastos.

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En colonias con mayores privilegios, la tasa de detenciones es mucho más baja. En Jardines de San Manuel, por ejemplo, una colonia con un mejor índice de oportunidades, habitan 11 mil 561 personas, pero sólo se han realizado 8 detenciones. Es decir, seis detenidos por cada 10 mil habitantes.

En opinión de Romina Vázquez, coordinadora del Instituto RIA, una organización mexicana que incide en las políticas públicas bajo un marco de justicia social, esto ocurre en Puebla como ocurre en todo el país: “Las prisiones están llenas de personas racializadas. Hay una narrativa de que personas con cierto perfil son sospechosas. Eso refleja mucho el racismo que existe en el mundo en general, pero en nuestro país en específico”.

Y lo secunda Renata Demichelis, de Elementa DDHH: “Está más asociado a una persecución dirigida contra hombres que además tienen ciertas características, hombres jóvenes de cierto sector socioeconómico que han atravesado un montón de discriminación estructural también en otros sentidos”.

¿Qué ocurre con la droga?

Como tantas otras chicas, Leslie vendía productos de catálogo por redes sociales, como cosméticos o perfumes. La tarde del 22 de enero de 2022, Leslie se encontraba junto a su madre en el centro de Puebla para realizar una entrega y llevaba sólo una pequeña bolsa de plástico. De ahí que resulta imposible lo que la policía estatal dijo que Leslie llevaba consigo cuando la detuvo.

Un día después de la detención, la Secretaría de Seguridad Pública envió un comunicado en el que acusó a Leslie y a seis personas más de ser parte de un grupo criminal y de llevar 194 dosis de cristal, 38 dosis de mariguana, un arma de fuego y 100 cartuchos útiles.

Esas seis personas eran amigas y familiares de Leslie. Por muchas horas, la policía estatal ocultó el lugar al que Leslie había sido trasladada, pero después envió un mensaje a su teléfono celular, que estaba en manos de su mamá, para decir que la localizarían en el municipio de Amozoc, a 30 minutos de la ciudad de Puebla. Esas seis personas fueron en su auxilio, pero la policía estatal también terminó incriminándolas.

La familia de Leslie organizó una marcha para exigir su liberación y, de forma inusual, los medios contradijeron la información oficial y documentaron que Leslie sólo era comerciante. Todo eso pesó en la decisión del ministerio público, que ordenó su liberación el 24 de enero.

El caso de Leslie es inusual por varias razones. En primera, porque a lo largo de los últimos años la gran mayoría de las personas detenidas por delitos contra la salud han sido hombres.

De entre los datos disponibles de las más de 2 mil personas detenidas, sólo el 7% eran mujeres. Sin embargo, hay más de 500 casos en los que las dependencias involucradas omitieron esta información.

La segunda razón es porque en la opinión pública rara vez se ventilan las irregularidades asociadas a este tipo de detenciones. Eso ocurre por las amenazas que las personas reciben por parte de la policía, como le sucedió a Arte, pero también por la falta de transparencia desde las instituciones públicas.

Y es que entre la detención de una persona y su presentación al ministerio público hay un hiato que puede llegar a ser imposible de registrar.

Como explica Renata Demichelis Ávila: “Muchas personas son detenidas, pero como no son llevadas al MP y no siguen todo el proceso, entonces tampoco entran en las estadísticas de personas privadas de la libertad, o que estuvieron enfrentadas en algún momento al proceso de criminalización”.

Esta falta de transparencia se extiende también a las sustancias que son incautadas. Todo lo que se sabe de estas es lo que los gobiernos dicen haber hecho.

Entre 2018 y 2021, por ejemplo, en los informes del exgobernador panista José Antonio Gali y del actual gobernador morenista Miguel Barbosa se presumió el decomiso de cientos de kilos y miles de dosis de sustancias como cannabis, cocaína, cristal, LSD, piedra, heroína, metanfetamina y éxtasis, entre otras.

Pero, entonces, ¿de dónde salieron los cientos de dosis de cristal que le fueron sembradas a Leslie? ¿O la decena de cuadros de LSD que terminaron en la declaración de Arte? ¿O la pistola y los 90 gramos de cannabis sembrados a Fritz? ¿Forman parte de las estadísticas oficiales de sustancias decomisadas? ¿O se trata de una cifra negra de incautaciones? Preguntas a las que no dan respuesta los informes de gobierno de cada año.

“Todo esto tiene que ver con el acceso a la información pública y rendición de cuentas frente a las incautaciones, porque lo que vemos es un modus operandi de policías y ministerios públicos sobre lo fácil que es sembrar”, indica Adriana Muro, directora de Elementa DDHH.

Y añade: “Si la propia ley me da un delito como el de posesión simple como para procesar, sin que haya una capacidad de investigación por parte del estado, es la vía más fácil para mostrar esos aparentes resultados de que se va ganando una guerra que lo único que ha causado es criminalización, violencias y graves violaciones a derechos humanos”.

Nadie vigila a los vigilantes

A Juan Carlos* y a su esposa los detuvieron cinco policías municipales en Puebla al mediodía del 1 de octubre de 2018, aunque ambos aseguran que también participaron agentes ministeriales de la fiscalía. Juan Carlos fue golpeado y torturado varias horas, y le fracturaron la clavícula. Los policías querían que Juan Carlos dijera que había participado en un robo a una joyería ocurrida en una plaza comercial un mes antes.

Lo llevaron hasta la casa de su mamá, voltearon de cabeza el lugar, pero regresaron con las manos vacías. De cualquier modo, los policías dijeron que Juan Carlos llevaba en su auto una pistola, una bolsa con marihuana y que había intentado sobornarlos a cambio de no detenerlo.

Él aseguró, no obstante, que tanto el arma como la hierba le fueron sembradas. Juan Carlos y su esposa fueron procesados por delitos contra la salud, posesión ilegal de arma de fuego y cohecho, aunque ella fue liberada siete meses después.

Juan Carlos pasó un año y medio en la cárcel hasta que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla emitió la recomendación 10/2020, en la que documentó que había sido víctima de tortura y que los policías municipales habían mentido sobre algunos aspectos de la detención. La comisión no pudo comprobar la participación de agentes ministeriales.

En esa recomendación, el órgano de derechos humanos ordenó la reapertura de todas las quejas administrativas que la familia de Juan Carlos había presentado contra el actuar de los policías.

Porque si algo más ha permitido la fabricación de delitos relacionados con sustancias psicoactivas es la falta de sanciones en contra de los policías: nadie vigila a los vigilantes.

De acuerdo con un reporte elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, la Unidad de Asuntos Internos de la policía municipal archivó el 84.8% de las mil 299 quejas y denuncias por presunto abuso o mal desempeño policial que recibió entre 2018 y septiembre de 2021.

Sólo 124 expedientes fueron turnados a órganos colegiados, pero la mitad de los casos terminaron en una suspensión que duró en promedio 15 días. Apenas el 1.2% de las denuncias terminaron en la remoción de los policías involucrados.

En el caso de Juan Carlos, la Unidad de Asuntos Internos nunca lo entrevistó ni a él ni a su familia, pero, en cambio, declaró que los actos de tortura denunciados ya habían prescrito.

 La falta de entrevistas a las víctimas es algo que suele suceder en estas denuncias, de acuerdo con el reporte Supervisión Externa de la Policía Municipal de Puebla, un programa piloto que permitió al consejo ciudadano supervisar el actuar de la Unidad de Asuntos Internos.

Ni siquiera se tiene registro de que los policías hayan sido capacitados en materia de derechos humanos después de la recomendación emitida por el caso de Juan Carlos, para quien la Comisión de Derechos Humanos también solicitó atención psicológica y emocional.

“A final de cuentas tener un contacto de ese tipo con las autoridades puede ser un proceso traumático”, apunta Romina Vázquez, coordinadora del Instituto RIA, sobre este tipo de casos.

“Justo por eso debemos evitar a toda costa que existan este tipo de intervenciones. Porque causan extorsión y tortura en caso de mujeres y hombres, y efectos a largo plazo como estrés postraumático o ansiedad”.

Resulta por lo menos paradójico que todo esto ocurra en Puebla mientras a nivel nacional la Corte despenaliza el uso lúdico del cannabis y el Senado avanza hacia su regulación. Incluso se ha aprobado una Ley de Amnistía a nivel federal que puede beneficiar a personas encarceladas por el delito de posesión simple.

“Vemos que a nivel local predominan un montón de discursos que no necesariamente se están viendo en la capital del país, porque a lo mejor se consideran superados, pero que en estados de un corte más conservador todavía no sucede”, recalca Renata Demichelis Ávila.

Sólo algunas pequeñas organizaciones en Puebla han constituido un movimiento incipiente que exige la despenalización de la marihuana y el cese de la criminalización a las personas usuarias de sustancias psicoactivas.

Han mantenido frente a la sede de la fiscalía local un plantón cannábico desde principios de 2021, en el que organizan talleres de autocultivo y charlas informativas. Es usual escuchar en el plantón los rastros de la criminalización, testimonios de chicos a los que les sembraron drogas o armas. Historias de torturas, de policías corruptos, de procesos penales. Voces en sordina sobre una guerra que nadie parece haber ganado.

*Los nombres marcados con un asterisco fueron modificados

Texto originalmente publicado en manati.mx