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Van por Cuauhtémoc Blanco por corrupción y enriquecimiento
La Fiscalía Anticorrupción de Morelos presentó al Congreso del estado una solicitud de causa en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que le sea retirado el fuero y sea procesado por múltiples delitos como: ejercicio ilícito de funciones, falsificación de documentos; fraude procesal, falsificación y enriquecimiento ilícito.
La carpeta de investigación se abrió por tres denuncias, presentadas por Edgar Núñez Urquiza, vice fiscal Anticorrupción; Enrique Paredes Sotelo, secretario de Gobierno de Blanco Bravo en la alcaldía de Cuernavaca (2015-2018) y Gerardo Becerra Chávez Hita, director de Análisis Estratégico, en los dos primeros años de la actual administración.
#AlMomento | Secretaría de Servicios Legislativos recibió la solicitud formal de jucio de procedencia contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, promovido por la @FECC_MORELOS a petición los ciudadanos @paredesenrique y @GerardoBecerraC. pic.twitter.com/R1E4OI9PJJ
— H. Congreso Morelos (@MorelosCongreso) April 18, 2022
Núñez Urquiza dijo que también están involucrados más funcionarios en el delito de enriquecimiento ilícito, pero debido al procedimiento primero se debe solicitar la información de causa ante el Congreso local en contra del mandatario estatal.
De acuerdo con el documento entregado al Congreso de Morelos, además de los servidores públicos estarían implicados: su medio hermano, Ulises Bravo Molina, actual dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES); Edgar Riou Pérez, primo y secretario particular; su medio hermano Ricardo Bravo Molina y su amigo Jaime Tamayo Godínez.
Las denuncias
Todo esto es resultado de tres denuncias, la primera de ellas por enriquecimiento ilícito, con información de la Comisión Nacional Bancaria (CNB), que constató una serie de operaciones sospechosas e injustificadas que no concuerdan con los ingresos reportados durante su gestión como presidente municipal de Cuernavaca (2015-2018).
No hay indicios de que estas operaciones se hayan originado en actos de comercio o de negocios lícitos; por el contrario, debido a las personas que se beneficiaron, podría revelar el manejo de activos de origen ilícito.
La segunda acusación tiene que ver con la falsificación de la constancia de domicilio que Blanco presentó en 2015 para acreditarse como vecino, desde hacía diez años, del fraccionamiento Lomas de Cortés, y poder contender a la presidencia municipal de Cuernavaca.
Dicho domicilio pertenecía a Roberto Yáñez Moreno, uno de los dueños del Partido Social Demócrata (PSD) morelense, por lo que nadie en el lugar conocía a Blanco, que por esos días jugaba sus últimos partidos en Puebla.
La última denuncia está relacionada con la presentación de un documento que él no había firmado, pero contenía una firma falsa suya, a fin de gestionar que el secretario de Gobierno supliera su ausencia en los días del año pasado cuando el gobernador vacacionó en Brasil.
El proceso
La solicitud hecha implica que el Legislativo del estado le retire el fuero constitucional a Blanco Bravo para que la Fiscalía lo pueda detener, imputarle los presuntos delitos y vincularlo a proceso; para ello la solicitud debe seguir el camino del Legislativo.
El proceso consiste en que durante la próxima sesión del pleno del Congreso se turne este asunto a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, con el objetivo de juicio de procedencia, y quienes deberán garantizar su derecho de audiencia a Blanco Bravo, previo a integrar el dictamen.
Ese dictamen deberá ser votado por el Congreso del Estado, en donde se necesitarían 14 de 20 votos a favor para que se apruebe la formación de causa.
Dicha comisión está presidida por el diputado Arturo Pérez Flores (Morena), partidario de Rabindranath Salazar Solorio, actual subsecretario de Gobernación de López Obrador y quien en 2018 era el candidato natural a la gubernatura, pero fue desplazado por la Alianza Morena-PES, que impuso a Blanco Bravo.
En enero de 2022, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGJE) informó que el mandatario también era investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado, luego de que se difundiera una fotografía en la que aparece con tres presuntos líderes locales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Guerreros Unidos y Comando Tlahuica.