Un juez federal ordenó la reposición del procedimiento legal que enfrentan los presos políticos de Coyomeapan, debido a que, durante los siete meses de encarcelamiento, no les han brindado un intérprete de la lengua náhuatl, sin embargo, la próxima audiencia será solo para dos de ellos.

La diputada federal por el Distrito 4, con cabecera en Ajalpan, Inés Parra Juárez mencionó que fue el pasado 6 de abril de este año cuando se determinó reponer el juicio, luego de que fueron detectadas algunas irregularidades en el proceso.

#Videoeron al menos cuatro jóvenes, quienes lanzaron huevos a la diputada federal, Inés Parra durante una rueda de prensa sobre los presos políticos de #Coyomeapan.
Vía: Andrea Castillo pic.twitter.com/J82vfpAz6h

— Periódico e-consulta (@e_consulta) April 10, 2022

Señaló que fue el juez federal del Primer Distrito en Materia Penal del Estado de Puebla, quien ordenó reponer el proceso, ello luego de que Basilisa Montaño Gutiérrez y Adán Anastasio González Sanginez, dos de los cuatro presos; solicitaron un amparo, mientras que los otros dos, Eruviel Aguilar Gómez y Gonzalo Martínez Herrera; se negaron a recibir el apoyo legal de la diputada.

Agregó que Basilisa Montaño Gutiérrez y Adán Anastasio González Sanginez; el lunes 9 de abril a las 3:00 de la tarde tendrán una audiencia, en donde esperan que la ley sea aplicada parcialmente, pues en el proceso únicamente han tomado en cuenta la supuesta fabricación de delitos y no se han basado en las pruebas fehacientes que la defensa emitió.

Asimismo, resaltó que a pesar de que las autoridades tienen el conocimiento de que los cuatro presos son indígenas y hablan una lengua materna, como lo es el náhuatl, no se les asignó un intérprete, lo que consideró una violación a sus derechos humanos.

Parra Juárez, resaltó que el juez Gabriel Pérez Rocha es el que lleva el caso de los cuatro detenidos, por lo que espera que el día de la próxima audiencia sea imparcial y respete la presunción de inocencia. 

Pues mencionó que, a Montaño Gutiérrez, la están acusando del robo de una patrulla municipal, despojo del inmueble del ayuntamiento, asociación delictuosa, robo de salarios a policías y daños a las cámaras de seguridad; pero a pesar de que se han ofrecido pruebas que presuntamente demuestran su inocencia, estas supuestamente no han querido ser tomadas en cuenta.