La Fiscalía General de la República (FGR) debe determinar si ejercerá acción penal de nueva cuenta en contra de dos de los 31 científicos del Conacyt, lo cual podría sentar un precedente para el resto de los académicos señalados en este caso.

El juez de Distrito, Gregorio Salazar Hernández, argumentó que la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte ha establecido que el hecho de que una persona permanezca investigada indefinidamente es una violación a sus derechos fundamentales.

El juzgador, con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, urgió al Ministerio Público de la Federación a contestar, de manera “congruente” y “exhaustiva”, la solicitud de no ejercicio de acción penal en contra de los académicos Teresa de León Zamora y Marcial Bonilla Marín.

La audiencia en la que el juez hizo el señalamiento, derivó de un escrito presentado por los abogados Marco Tulio Martínez y Carlos Herce Orozco el 10 de diciembre del año pasado, mediante el cual solicitaron a la FGR el no ejercicio de la acción penal para ambos científicos del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, según información del diario Milenio.