El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por asociación delictuosa, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y tráfico de influencias.

La investigación deriva de una denuncia interpuesta en febrero por el abogado Paulo Díez Gargari, en donde además de Ibarra señala a otras personas como integrantes de una red de servidores públicos, abogados, asesores financieros y parientes que poseía un enorme poder político para obtener beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo.

Díez Gargari los denunció por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia y contra la administración de justicia.

De acuerdo con Milenio, la carpeta de investigación fue radicada en la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR, encargada de investigar a sus empleados, sin embargo, de acuerdo con la Constitución, ésta tendría que estar en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 109, numeral tercero, detalla la instancia en la que tienen que ser denunciados los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, mientras que la Ley de la FGR, en su artículo 13, numeral octavo, especifica la competencia de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

Varios de los delitos por los que podrían imputar a Scherer no son competencia de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, lo que abre la posibilidad de un manejo irregular y discrecional.

El Ministerio Público de la Federación ha realizado ya varios requerimientos de información a diversas autoridades como parte de la integración de esta carpeta de investigación.

Esta es la primera indagatoria que se integra contra Scherer, en el marco  de su disputa pública contra el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, luego de que denunciara una asociación de Gertz y Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa del Senado para perseguirlo.