La reforma eléctrica tiene entre sus objetivos terminar con 35 contratos con empresas privadas que no benefician al país y regular el trabajo de la iniciativa privada en esta materia, señaló Miguel Santiago Reyes Hernández, director de CFEnergía S.A. de C.V., filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

En entrevista en el programa Ante la Corte de e-consulta, el directivo explicó que la reforma eléctrica prevé modificar tres artículos el 25, el 27 y el 28 de la Constitución Mexicana.

Si se acepta su modificación, entonces se terminaría con los contratos irregulares que empresas hicieron con administraciones anteriores; no se permitiría que la iniciativa privada generará más del 46 por ciento de la energía; se harían mejores compras y se regularía el desarrollo de energías limpias, agregó.

En México hay seis empresas grandes que se enfocan a la generación de energía, pero cuatro de ellas, entre las que se encuentran Iberdrola, Saavi Energía y Naturgy Energy generan el 70 por ciento de la energía, explicó.

Eso  genera diversas complicaciones. Por ejemplo, en Monterrey son las empresas privadas las que dotan del 90 por ciento de la energía y el resto es aportado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indicó.

Este no es el único problema sino que en los contratos con las empresas privadas el gobierno se comprometió a comprar siempre con costos con tendencia al alza.

Además, cuando se hicieron los contratos se crearon de tal forma que no hay manera de cancelarlos a menos que se pague la contraparte de la inversión de las empresas, lo cual es inviable, agregó.

Por esta situación es que se busca acabar con los contratos a través de las modificaciones en la Constitución, pues también está la opción de acudir a los tribunales internacionales, sin embargo, cada juicio tardaría alrededor de cinco años en ser resuelto, manifestó.

Declaró que otra de las irregularidades es que las empresas no sólo permitieron contratos irregulares y establecieron precios al alza sino que entre sus opciones también está generar su propia energía para sus empresas y con ello se libran de pagos a la CFE. Es así como comercios como Oxxo evaden el pago de energía eléctrica a la CFE, enfatizó Reyes Hernández.

Las empresas, no conformes con eso, estuvieron utilizando las instalaciones de la CFE para transmitir la energía que creaban, sin dar algún pago. Esto se cambió recientemente, sin embargo, las empresas se ampararon para poder seguir operando de esa forma.

Por otra parte, las empresas se caracterizaron por concentrar sus servicios en determinados sitios cuando lo ideal sería que lo ofrecieran también en más  lugares, explicó.

En su momento, los gobiernos anteriores dieron permiso para que hubiera infraestructura que permite la generación de 130 mil megawatts, cuando la demanda más alta de energía fue de 47 mil megawats y la más baja, de 32 mil megawats, indicó.

No obstante, Miguel Santiago Reyes Hernández dijo que para hacer todos los cambios previstos en la reforma es necesario contar con el respaldo de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, de ahí que se promueva la iniciativa entre ellos.