Familiares de una niña de siete años víctima de violación, exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla que recapture al abuelo y al padre de la menor, ya que son los acusados del delito y fueron liberados por un juez que consideró falso el examen médico, mismo que posteriormente fue validado por la justicia federal.

Ante medios de comunicación, Patricia Hernández (abuela) y Rubí Matilde Santos Hernández (mamá), recordaron que hace unos días autoridades federales revocaron el auto de no vinculación a proceso de Iván Santos Díaz de 28 años, padre de la menor, y Jaime Santos Pérez de 56, abuelo y presunto autor material del abuso sexual.

Aunque se esperaba que en una audiencia fueran detenidos los acusados, no se logró porque no se presentaron, con el argumento de que tenían covid-19, lo cual sospechan que es mentira.

Ahora que la nueva juez que retomó el caso dio tres días para investigar el supuesto contagio, a decir de las denunciantes la agente del Ministerio Público, de nombre Bertha Blas, no ha ordenado ningún acto de investigación.

Por lo anterior contrataron a un investigador privado, se trasladó al supuesto laboratorio donde se practicaron los exámenes los acusados y descubrió que no existe.

Ante esta situación exigieron a las autoridades ministeriales que realicen su trabajo y muestren interés, pues se trata de un delito que marcó de por vida a la menor, quien debe continuar con terapias sicológicas e incluso tardó un año para poder hablar.

“Mi nieta hasta la fecha sigue tratamiento sociológico, ella se mordía la boca y tardó un año para hablar, sin embargo, eso no se tomó en consideración. Después de ochos largos meses nosotros logramos la revocación del auto de no vinculación a proceso y no queremos dejar esto, porque los responsables viven cerca de nuestra casa. Es una desesperación horrible, porque en estos meses nos hemos enterado de que los jueces litigan los asuntos y por eso defienden tanto a los imputados y qué es lo qué pasa con la Fiscalía, esta se pone de acuerdo con ellos”, acusó Patricia.

Ahora lo que buscan es justicia y que los responsables sean detenidos, pues existe el temor de que huyan de las autoridades.

En caso de comprobarse la falsedad de los exámenes de antígenos, se podría acelerar la audiencia para discutir las nuevas medidas cautelares a imponer a los acusados, y se espera que se trate de prisión preventiva.

Al mismo tiempo acusaron que no ha prosperado la queja en contra del juez de control Aarón Hernández Chino, el cual concedió la libertad de los asegurados, por lo que señalaron que podría ser encubierto por las mismas autoridades del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

A casi 3 años de la agresión

En junio de 2019 la niña, de entonces cuatro años de edad, fue violada por su abuelo paterno durante el día de visita con su padre, ya que compartía la custodia con la madre de la menor. 

Según lo dado a conocer en su momento, el padre encubrió al abuelo agresor, por lo que ambos fueron acusados y detenidos; en junio de 2019 el juez de Control Hernández Chino dictó auto de no vinculación a proceso y ordenó la inmediata libertad de ambos, ya que consideró falsos los exámenes que comprobaban la violación.

Fue así que la abuela materna y la madre de la víctima interpusieron una queja ante el juez y luego un amparo, mediante el cual se logró revertir el auto de no vinculación a proceso de los implicados.