En Chihuahua se comete exterminio sistemático de activistas rarámuri en la sierra tarahumara, principalmente en la región conocida como el triángulo dorado, según información de Amnistía Internacional y de la Alianza Sierra Madre (ASMAC).

Tres activistas de la familia Baldenegro han perdido la vida defendiendo los bosques tarahumaras: Julián Baldenegro padre, y sus hijos Isidro y hace 4 días José Trinidad.

La presencia y control de grupos criminales, principalmente narcotraficantes, en la explotación forestal, en el desmonte para la siembra de marihuana y amapola, y la lucha entre los cárteles de la droga para controlar la zona ha sido identificada como la causa de los asesinatos.

En el municipio de Guadalupe y Calvo, El Triángulo Dorado, zona de riqueza, impunidad y paraíso para los narcotraficantes ocurrieron 31 homicidios.

La mayoría de los homicidios (31), se perpetraron en el municipio de Guadalupe y Calvo, El Triángulo Dorado, zona de riqueza, impunidad y paraíso para los narcotraficantes.

La ASMAC reveló  que no solamente los narcotraficantes asedian a los rarámuri, sino que también políticos y caciques locales para desarrollar el turismo, la ganadería o la minería.

“Choréachi (Guadalupe y Calvo), es una comunidad rarámuri del estado de Chihuahua, México, sin reconocimiento legal del Estado sobre la propiedad de su territorio ancestral. Un grupo de personas mestizas de la comunidad vecina busca el control de la zona, con violencia consistente en homicidios, amenazas con armas de fuego, quema de viviendas, robo de ganado, violación de mujeres, desplazamiento forzado”, explicó.

Añadió que las autoridades tienen conocimiento de la problemática desde 2013 y que desde marzo de 2017 existe una Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para que se implementen medidas de protección a la comunidad, sin que a la fecha se haya atendido adecuadamente”.

Desde finales del 2021 y lo que llevamos de este año, el éxodo de cientos de habitantes de este municipio ha sido constante, a tal grado que la policía estatal, apoyada por la Guardia Nacional, han escoltado y protegido a los migrantes para que no sean masacrados en su huida.

El dato más grave, es que, en solamente 9 años, 37 activistas han sido asesinados a tiros, porque se oponían al despojo, al desplazamiento forzado, a la tala ilegal y la explotación de sus bosques.

En acciones recientes en este mes de febrero, la Fiscalía del Estado reportó el aseguramiento de pinos cortados y trasladados ilegalmente.

La impunidad ha generado incluso un tipo de moderna esclavitud. Por ejemplo, en julio del 2019, la Fiscalía del Estado dio a conocer el rescate de 21 hombres que habían sido esclavizados dos años en el municipio de Ocampo, para labores de siembra de amapola. Eran alimentados con agua, harina y frijoles y dormían en cuevas, vigilados, amedrentados y golpeados por sus captores.

Un hombre de 33 años fue rescatado el pasado mes de enero en la comunidad de Yoquivo, del mismo municipio de Ocampo, donde fue obligado a trabajar en campos de cultivo de narcóticos desde octubre del 2021

Sin embargo, la violencia asesina por el control y explotación ilegal de los bosques tarahumaras, se ha concentrado en el municipio de Guadalupe y Calvo, justo en la zona conocida como El Triángulo Dorado, donde convergen las regiones más agrestes de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Amnistía Internacional lleva una cuenta de 36 activistas indígenas asesinados, la mayoría en Guadalupe y Calvo, a la que se suma la más reciente, el 7 de marzo, de José Trinidad Baldenegro, según una información del periódico Reforma.