Después de casos recientes de homicidios, actos de tortura y casos de privación ilegal de la libertad cometidos en centros de rehabilitación en Puebla, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció una regulación de estos lugares, pues denunció son un escondite de criminales.

El mandatario afirmó este viernes en rueda de prensa que muchos de estos establecimientos son abiertos solo con fines lucrativos, y los encargados permiten que sea el refugio de delincuentes, quienes en su mayoría cometen actos ilícitos bajo los efectos de sustancias prohibidas.

Los crímenes

El crimen más reciente cometido en uno de estos lugares fue el homicidio registrado el pasado 12 de enero en el anexo Derrota y Victoria, localizado en la colonia Unidad Satélite Magisterial de la ciudad de Puebla. Un hombre de 55 años identificado como Miguel perdió la vida tan solo tres días después de ingresar a este lugar.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), dos sujetos de nombre Giovanni N y Miguel Ángel N, envolvieron a la víctima en una cobija supuestamente con la finalidad de calmarla, pero minutos después se percataron que murió.

No obstante, las autoridades detectaron que Miguel tenía lesiones en el tórax, así que los dos hombres mencionados fueron detenidos y vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado.

Este anexo fue relacionado a una banda dedicada al robo de autopartes y vehículos en la zona de Clavijero.

Homicidios y abusos

Alan Jafer, de 21 años de edad, murió de forma similar. El 23 de marzo de 2021 ingresó al anexo La Piedad, ubicado en Lomas de San Miguel, y 15 días después fue asesinado a golpes. La mamá del joven informó a medios de comunicación que su hijo presentaba un severo grado de desnutrición, deshidratación y además tenía señas de ataduras.

Horas antes de morir el “padrino” de dicho anexo le dijo a la señora que su hijo estaba muy mal, pero lo atribuyó al síndrome de abstinencia mejor conocido como “malilla”.

El 14 de julio de ese mismo año Germán Pablo N, uno de los encargados del anexo, fue aprehendido por agentes investigadores. La FGE lo acusó de golpear a Alan Jafer en el abdomen y tórax hasta provocar su muerte, pero no fue el único que participó, sin embargo, sólo fue vinculado a proceso por homicidio simple intencional.

Tortura y privación de la libertad

El 10 de mayo de 2021 se invirtieron los papeles en el anexo Grupo Última Oportunidad, localizado en el municipio de San Andrés Cholula, ya que los internos mataron a golpes al encargado para poder escapar.

Abel tenía 26 años de edad y era padre de una menor de tres años. También ingresó a ese centro de rehabilitación por problemas de adicción, pero con el paso del tiempo se ganó la confianza de los dueños. Sus compañeros sabían que tenía las llaves del lugar, así que lo mataron y huyeron.

Ese mismo día, en el municipio de San Martín Texmelucan, una mujer y un menor de edad escaparon de un centro de rehabilitación para alcohólicos.

Las víctimas estaban encadenadas de los tobillos y corrían por calles de la colonia Villa el Carmen cuando elementos de la Policía Municipal los auxiliaron. La mujer y el menor refirieron a las autoridades que los tenían en contra de su voluntad y eran maltratados físicamente.

Por estos hechos fueron detenidos Joaquín N. y Enrique N, a quienes se les aseguró un vehículo Chrysler Town & Country, dos celulares, una cadena de acero y un gafete con la leyenda “Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C”. Ambos sujetos fueron vinculados a proceso por privación ilegal de la libertad.

Un mes después, pero en Tepeaca, José Armando, de 26 años de edad, murió tras recibir una golpiza en un centro contra las adicciones. El joven era originario de Chiapas y los reportes señalaron que fue castigado a tablazos.

Al darse cuenta de la magnitud del castigo, los responsables lo sacaron a la calle. El joven fue auxiliado por vecinos y, aunque ingresó con vida al Hospital General de Tepeaca, después se reportó su muerte.