“Hoy está en manos del Poder Judicial, porque luego dicen: ‘¿cuándo se hace justicia?’ pero desde la parte de la investigación ya se ejercitaron las acciones penales correspondientes en contra de los presuntos responsables y después, los defensores de los acusados se dedican a alargar los procedimientos para impedir que haya sentencias definitivas, pero ya en contra de los responsables está claro su encausamiento legal. Hechos que lamentamos, la Fiscalía ha mantenido comunicación con los padres de una de las víctimas de Colombia, hemos estado atentos”, explicó. 

A la par, hizo un llamado a los ayuntamientos donde se realizan carnavales o este tipo de festividades a mantener el control y garantizar la seguridad durante los eventos, pues denunció que se permiten muchas cosas y luego de una tragedia el gobierno del estado es el que tiene que intervenir. 

“El mensaje es que no se pueden llevar a cabo festejos incontrolables. Luego los ayuntamientos dejan que las cosas se lleven a cabo porque los usos y costumbres dicen, y hay que dejar que beban y se violenten en la calle… no, no, yo pido ahí que también sea responsabilidad de los ayuntamientos, porque dan permisos de más, a sabiendas de que hay gente peligrosa, permiten que participen en los festejos y cuando ocurren las cosas se quedan callados, ya no tienen opinión, no dicen nada”, reprochó.

Del carnaval a la tragedia

El 23 de febrero de 2020, tres estudiantes de Medicina, dos de intercambio en la UPAEP y uno de la BUAP, acudieron al carnaval de Huejotzingo y a visitar a otro estudiante, estuvieron hasta la noche y luego pidieron un Uber para volver a Puebla. 

La unidad de alquiler era conducida por Josué Emmanuel, pero antes de salir de Huejotzingo fueron interceptados por sus homicidas. 

Amigos de las víctimas encontraron sus cuerpos el 24 de febrero a través de la geolocalización de los teléfonos celulares, ya que la madre de Ximena usaba este mecanismo para poder estar al pendiente de su hija.

Con la localización proporcionada por la mamá de Ximena desde Colombia, los amigos de los universitarios dieron con los cuerpos y ahí comenzó el viacrucis para las familias de las víctimas. 

Ese mismo día la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla anunció la detención de Pablo Jesús de 43 años de edad, Ángel de 23, y Lisset de 22, quienes fueron vinculados a proceso por robo y homicidio, pero el proceso no tuvo avances por varios meses. 

En días recientes las familias de los jóvenes recibieron la noticia de que el próximo 25 de febrero se realizará la apertura del juicio oral por el multihomicidio, que también tuvo repercusiones políticas y administrativas, pues a cuatro días de los hechos Barbosa Huerta reemplazó a Ildefonso Amézaga Ramírez por Raciel López Salazar como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.