El desalojo de la planta de Bonafont en Juan C Bonilla no marca el fin del conflicto entre la empresa y la comunidad, ya que es necesario que autoridades propicien una solución que atienda las demandas sociales, pues de lo contrario el pleito resurgirá.

Así lo advirtió Valentina Campos Cabral, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga S.J. de la Universidad Iberoamericana de Puebla, al señalar que este problema abarca dimensiones económicas, sociales, culturales, ambientales y hasta políticas, de ahí que no hay una solución a corto plazo. 

Académicos de la Ibero, @UPAEP y la @BUAPoficial pidieron a autoridades evitar la persecución judicial y escuchar las demandas de las comunidades.

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— Periódico e-consulta (@e_consulta) February 22, 2022

En entrevista consideró que se deben contemplar los aspectos históricos alrededor del conflicto, ya que los antecedentes han propiciado el sentimiento de agravio de las y los pobladores, por ello también se debe tomar en cuenta los derechos humanos. 

Dijo que sería importante que las autoridades informen sobre el tema en disputa, por ejemplo: la disponibilidad de agua y cuánto se extrae y sus usos, para que las dos partes estén informadas y puedan llegar a acuerdos.

A una semana del desalojo urgió a que no se incrementen las tensiones entre grupos a través de la judicialización, porque no representa una salida real y al final se tiene que analizar cuales son los impactos para las partes en conflicto.

Pobladores de Juan C. Bonilla están inconformes con la operación de Bonafont, pues denuncian que la sobreexplotación de agua por parte de la compañía ocasionó escasez en sus hogares, por ello tomaron la planta el 22 de marzo del año pasado y el 8 de agosto la convirtieron en “La Casa de los Pueblos Altepelmecalli”, pero el 15 de febrero fueron desalojados por el gobierno estatal debido a un proceso legal iniciado por la empresa.

Pobladores deben usar las vías legales 

Eder Vázquez Espinosa, abogado y académico de tiempo completo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), refirió que las pobladores deberían usar las vías legales para resolver sus inconformidades.

En entrevista aseveró que tienen al menos dos alternativas: primero, podrían verificar si fue legal el traspaso de las concesiones entre las empresas Arcoíris y Bonafont. 

La otra es comprobar si la empresa extrae más agua de la permitida, ya que solo puede explotar hasta 150 millones de litros de agua por una concesión, pero de la otra no hay datos al respecto.

Recordó que la extracción de agua por parte de Bonafont se da desde 2004 por los permisos que dio la Comisión Nacional de Agua (Conagua), de ahí la importancia de pedir la intervención de autoridades federales y no de otros niveles de gobierno, pues el tema no es de su competencia.

Estudiantes de la BUAP respaldan a los pueblos

El alumnado y profesorado del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la Facultad de Economía de la BUAP, exigieron a las autoridades retirar la fuerza pública de la comunidad y respetar los derechos de las pueblos indígenas-campesinos.

A través de un comunicado aseguraron que son solidarios con los pueblos de la región y, por ello, les dieron su respaldo.