Según líneas de investigación, a los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado no los asesinaron delincuentes comunes sino sicarios ligados al Cártel Arellano Félix (CAF).

Ambos dijeron públicamente que estaban en riesgo, lo que incluyó su actividad profesional, pero sólo hasta que criminales organizados los mataron, sus casos recibieron “atención prioritaria” .

Adela Navarro, directora de Zeta, no duda: “Los homicidios de Margarito y Lourdes son ataques deliberados para la prensa, los dos eran figuras muy públicas, los dos con similar modo en el crimen y sí se considera un ataque a la libertad de expresión”.

Abunda que los autores intelectuales y materiales aprovecharon el asesinato de Margarito para matar a Lourdes

“Cuando asesinan a Margarito investigamos que el arma con que lo ultimaron había sido utilizada en cinco homicidios de 2020 por parte de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es una célula que ahora está en el Cártel Arellano Félix, entonces salió de éste el asesino o los asesinos de Margarito. Cuando asesinan a Lourdes Maldonado para evitar esto se llevan el casquillo, o sea hay una planeación”, explica Navarro.

En las dos investigaciones, las líneas también incluyen problemas personales: Margarito por un conflicto con vecinos de una familia de galleros sinaloenses a los que acusaba de despojarlo de parte de su terreno; Lourdes por una disputa sobre la posesión de su casa.

En el caso de la autoría intelectual del homicidio de Lourdes Maldonado , el exgobernador, Jaime Bonilla, es otra de las líneas de investigación, tanto de la fiscalía estatal, como del grupo de inteligencia federal, debido al litigio laboral entre su empresa y la comunicadora.

Adela Navarro, directora de Semanario Zeta, acostumbrada a revelar información sensible sobre narcotráfico, corrupción y redes de poder, afirma que los dos asesinatos son un ataque directo contra el ejercicio periodístico.

A diferencia de otros homicidios en el gremio, la respuesta gubernamental por Martínez y Maldonado, perpetrados con seis días de diferencia, afuera de sus domicilios y con disparos en la cabeza, llevaron a la creación “fast track” de un grupo especial “interinstitucional” supuestamente para no dejarlos impunes.

Funcionarios revelaron que el procesamiento de datos “sensibles” está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Guardia Nacional, militares y marinos, ante la desconfianza de “fuga de información” en las corporaciones del estado.

Por la muerte de Maldonado han sido detenidos tres hombres que, de acuerdo con los avances de la investigación, pertenecen al CAF; con la indagatoria en curso y la presión encima, el fiscal estatal, Ricardo Iván Carpio, apresuró a decir el 9 de febrero que el crimen no está relacionado con su actividad profesional, aunque tampoco definió el móvil, según una información del diario El Universal.