La pobreza es una condición de vida que vulnera la dignidad de las personas, limita sus derechos y libertades fundamentales. Así lo define el Coneval, aunque al medirla no solamente mide el nivel de ingresos, sino que toma en cuenta 9 indicadores.

El ingreso es el primer indicador que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y se basa en el nivel de ingreso per cápita, que a su vez calcula el INEGI, y permite clasificar a cada persona en alguno de los cuatro cuadrantes.

Los cuatro cuadrantes son: población en situación de pobreza multidimensional, población vulnerable por ingresos, población vulnerable por carencias sociales y población no pobre y no vulnerable.

Aunque el ingreso no está determinado de manera estática, debe ser suficiente para satisfacer bienes y servicios de acuerdo con las necesidades de cada individuo.

El segundo indicador es el rezago educativo, en el que se mide a la población con base en su nivel educativo, lo que indica un nivel de rezago social.

El tercer indicador es el acceso a los servicios de salud, que mide el acceso que las personas tienen a los sistemas de salud públicos y privados.

El cuarto es el acceso a la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

Después, el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, que, aunque no está regulado o establecido, se precisan dos elementos constitutivos del derecho a la alimentación: el derecho a no padecer hambre y el derecho a gozar de acceso a una alimentación sana y nutritiva.

Le sigue la calidad y espacios de la vivienda, en donde se desarrolla parte de la vida social y la de la familia y se espera una vivienda con pisos, techos o muros construidos de materiales resistentes y adecuados, que no dañen la salud de sus habitantes y les protejan adecuadamente.

Luego el acceso a los servicios básicos en la vivienda, ya que la disponibilidad de agua y la luz eléctrica tiene un fuerte impacto en las condiciones sanitarias y las actividades.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) identificó cuatro subdimensiones: acceso al agua potable, disponibilidad de servicio de drenaje, servicio de electricidad y combustible para cocinar en la vivienda.

En el espacio territorial está el grado de cohesión social, que se refiere al grado de integración de un individuo a su comunidad social.

Finalmente, es el grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas.