María Teresa Paredes Avendaño, Mario Martín Sánchez Contreras y Jhovani Oliver Gallo, acusaron que la administración estatal no los deja reincorporarse  a sus actividades laborales en la Secretaría de Movilidad y Transporte luego de que formaran parte del comité ejecutivo  del Sindicato de Trabajador al Servicio de los Líderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (Stpepyod).

Jhovani Oliver Gallo fue elegido como el nuevo líder sindical, pero el proceso está impugnado.

María Teresa Paredes y Mario Martín Sánchez debían reincorporarse a la secretaría el 4 de enero de 2022, ya que sus actividades como parte del comité ejecutivo del sindicato concluyeron el 31 de diciembre de 2021, sin embargo no les han permitido el ingreso a las instalaciones aunque todos los días vienen y esperan para entrar.

Jhovani Oliver esperaba que le dieran el reconocimiento como líder sindical tras ganar las elecciones del 15 de diciembre. Al no ocurrir el nombramiento, la propia Secretaría de Administración pidió que se le reincorporara, sin embargo, no lo hicieron y tampoco lo dejan entrar a la secretaría.

María Teresa Paredes y Mario Martín Sánchez son analistas de la secretaría, mientras que Jhovani Oliver laboraba en la Dirección de Inspección y Vigilancia.

Ante esta situación hicieron un llamado al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, para que intervenga y puedan regresar a sus actividades laborales.

Oliver Gallo explicó que a diferencia del resto se sus compañeros que eran parte del comité ejecutivo liderado por Virginia Socorro Meza Cruz, ellos no han podido trabajar de nuevo.

En su caso, dijo, puede deberse a un asunto político ya que podrían acusarlo  de no cumplir con sus obligaciones laborales y con ello tener un impacto en su designación que está impugnada.

El grupo de sindicalizados del Movimiento por la Democracia impugnó la elección con el argumento de que no se cumplieron las normas y  también acusó que hubo un acuerdo con la ex líder sindical para que Jhovani Oliver quedara en el cargo.

El Movimiento por la Democracia prevé que a mediados de febrero se terminé de resolver el conflicto legal y se repita el proceso electoral.