Organizaciones civiles, encabezadas por Reinserta, hicieron un llamado a los legisladores federales para que demanden al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, expliqué los alcances de sus declaraciones en contra de quienes piden el esclarecimiento del caso de Tadeo, el bebé hallado muerto en el penal de San Miguel.

También demandaron que el caso sea atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como el cumplimiento de los protocolos para cuidar a los menores en las prisiones.

En conferencia de prensa las agrupaciones leyeron una carta abierta en donde recordaron que el mandatario estatal expresó que quienes han intervenido en el caso “se van a silenciar" y además les pidió “tener cuidado".

Al respecto, el representante de Article 19, Leopoldo Maldonado, recordó que los gobernadores de Puebla, Mario Marín Torres, Rafael Moreno Valle Rosas y Luis Miguel Barbosa Huerta, se han caracterizado por su poca tolerancia a las críticas y al trabajo de activistas.

En el caso de Barbosa, esa actitud se ve reflejada en las denuncias de agresiones contra la prensa, la mayoría por parte de funcionarios estatales tanto en 2020 como en 2021.

En 2029 hubo 72 agresiones y Puebla se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional. En 2021 estuvo en la tercera posición, con 23 casos, precisó.

Dijo también que las autoridades hacen uso del aparato público para ir en contra de la prensa, y como muestra están las ocho denuncias en contra del medio de comunicación e-consulta.

En su intervención Juan Martín Pérez, también activista, lamentó la conducta de la CNDH y de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla ante el caso de Tadeo.

Aseguró que existen las condiciones legales para que la CNDH y la Fiscalía General de la República (FGR) atraigan el caso que involucra a autoridades de la Ciudad de México y Puebla.

En su intervención Saskia Niño de Rivera consideró necesario crear protocolos para atender a los infantes en las prisiones pues hay niños que nacen y crecen en esos espacios, sin embargo, no se les cuida e incluso hay casos en donde fueron agredidos sexualmente.

También debe atenderse a los menores que ingresan a las cárceles, pues alrededor del 80 por ciento de los prisioneros son padres o madres de familia y tienen derecho a tener contacto con su familia, pero también se ponen en riesgo de ser afectados ante un motín pues en estos casos lo único reglamentado es cerrar inmediatamente el sitio, opinó.

A su vez, Paula Zavala declaró que es necesario hacer un análisis de la situación de las prisiones para que casos como el de Tadeo no se vuelvan a repetir.

En el penal de San Miguel hay una sobrepoblación del 103 por ciento, la gente suele dormir sentada en los retretes y amarrada a los barrotes, viven situaciones de violencia y el resultado sin duda será más violencia pues no hay una intención de promover la reintegración de los prisioneros a la sociedad, añadió.

Del caso de Tadeo, las autoridades seguramente saldrán a decir que el culpable del crimen es un interno que seguramente tenía una sentencia de 100 años y ahora con este nuevo crimen subirá a 200 años su pena, manifestó.

Esta situación no tiene un impacto, dijo, de ahí la necesidad de hacer cambios en las autoridades. Los errores no sólo son de los funcionarios de Puebla sino también de la alcaldesa de Iztapalapa.

A su vez, Tania Ramírez afirmó que nunca se había conocido un caso “tan atroz" que muestra la crueldad que tiene la implicación de las autoridades.

La familia de Tadeo merece justicia, pero se estima que el 95 por ciento de los delitos en contra de los menores quedan impunes, acotó.

Entre las organizaciones que apoyaron la petición de justicia se encuentran la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), Article 19, Reinserta, Tejiendo Redes, La Caña y Ocupa.