Familias mixtecas de Oaxaca, desplazadas por la violencia que originó un grupo armado comandado presuntamente por autoridades locales, recibieron la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El organismo otorgó medidas cautelares y solicitó al Estado mexicano que proteja los derechos de niñas, niños, mujeres y personas mayores con medidas adecuadas a su cultura indígena.

Los afectados pertenecen a las comunidades de Guerrero Grande, Ndoyonuji y Mier y Terán del Municipio de San Esteban Atatlahuca.

La violencia en la zona es ocasionada por la defensa del territorio contra la tala ilegal de madera en la montaña alta de la mixteca, la cual aseguran los afectados que encabezan sus autoridades locales y agrarias.

La CIDH relató en su comunicado que los ataques a la comunidad oaxaqueña comenzaron el 1 de octubre del 2021, y se intensificaron los días 21, 22 y 23 de octubre, los cuales además del desplazamiento de 300 familias, una centena de casas quemadas, y el asesinato de dos personas: Jacinto Hernández Quiroz e Isidoro Hernández, también hay cuatro personas desaparecidas: Marcos Quiroz Reaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Mayolo Quiroz Barrios.

Tres días después de ese suceso, el 27 de octubre, la guardabosques y ambientalista Irma Galindo Barrios, desapareció en la Ciudad de México y hasta la fecha no aparece, a pesar de que la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a las autoridades mexicanas para localizarla.

“Es un hecho histórico en Oaxaca esta notificación”, expresó Maurilio Santiago, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., quien informó que el 23 de diciembre del 2021, el organismo internacional notificó al Estado mexicano la medida cautelar número 1050-21 para las familias de las comunidades indígenas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji y otras personas mixtecas, según una información del portal Aristegui Noticias.

Foto Aristegui Noticias