El patronato de la UDLAP que preside Horacio Magaña Martínez señaló que no ha sido revocado ni suspendido por alguna autoridad judicial y calificó de falsa la versión de que el patronato que encabeza la señora Margarita Jenkins de Landa y la rectoría de Cecilia Anaya Berrios hayan sido legitimadas por algún juez.

El patronato que encabeza Magaña Martínez afirmó que el comunicado de la “supuesta Oficina de Rectoría de la UDLAP” engaña a la opinión pública.

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) informó este martes 7 de diciembre que el juzgado 24 de lo Civil de la Ciudad de México ordenó al poder Judicial de Puebla y a las autoridades de Cholula liberar de inmediato el campus y entregarlo al patronato encabezado por Margarita Jenkins de Landa.

En un comunicado difundido en las redes sociales de la universidad, se informó este martes que la notificación de la orden judicial se realizó mediante el exhorto 8926/2021, en el Juzgado de Exhortos del Estado de Puebla, para que se ejecute a la brevedad.

Esta versión fue rechazada y descalificada por el patronato que preside Horacio Magaña Martínez, que aseguró que “Ninguna autoridad judicial ha revocado o si quiera suspendido la integración y composición del patronato que preside el señor Horacio Magaña Martínez. Por lo tanto, es falso que la legítima representación de la UDLAP esté a cargo del patronato que supuestamente encabeza la señora Margarita Jenkins de Landa, así como también que su administración esté a cargo de la doctora Cecilia Anaya Berrios”.

Agregó que la remoción de la familia Jenkins y la designación del actual patronato continúa vigente y surtiendo todos  sus efectos, tal como se avaló en la octava sesión extraordinaria de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla del 28 de abril de este año

El nuevo patronato enfatizó que la posesión “pacífica” de la universidad el 29 de junio fue luego de una resolución judicial; estudiantes se quejaron por la toma del campus pues como parte de la intervención arribaron elementos de seguridad estatal armados.

También argumentó que el campus está a cargo de la Fundación Mary Street Jenkins, por ser objeto de los delitos patrimoniales cometidos por miembros de la familia Jenkins de Landa, que junto con sus abogados, así como el ex rector Luis Ernesto Derbez cuentan con órdenes de aprehensión libradas en su contra por jueces estatales y federales.

En entrevista por separado, Carlos Robledo, abogado del primer patronato, mencionó que no hay una fecha establecida para la entrega del campus pues depende de las autoridades, sin embargo, sí prevén este cambio.

Recalcó que el exhorto del juzgado 24 de la Ciudad de México así lo dice y las autoridades en la entidad deben de aclararlo.

En cuanto las posibles acciones civiles y penales en contra de la rectora interina, comentó que como a cualquier trabajado están dispuestos a defenderlos.