El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta se negó a acatar la recomendación donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo instruyó a pedir una disculpa pública al exsecretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui, por acusarlo de delitos en público, con lo cual violó sus derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la dignidad.

El mandatario morenista dio a conocer este sábado los motivos por los que no dará cumplimiento a la recomendación 75/2021, emitida el 3 de noviembre por el órgano encabezado por Rosario Piedra Ibarra.

La recomendación también instruía al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, indemnizar con una compensación “justa” al exfuncionario, porque también lo acusó de irregularidades a su paso por el gobierno del difunto Rafael Moreno Valle.

Rechaza Barbosa recomendación

Barbosa Huerta expuso en su respuesta que la recomendación no tenia razon de ser porque la CNDH carece de competencia para conocer de asuntos que involucran a autoridades locales, y defendió que sus acusaciones públicas contra Aguilar Chedraui son parte de su derecho humano a la libertad de expresión.

“Resulta evidente que la CNDH carece de competencia para formular y dirigir la Recomendación 75/2021, ya que las acciones de este tipo deben ser emitidas por los organismos locales”, refirió.

El titular del Poder Ejecutivo del Estado, Miguel Barbosa Huerta, hace pública su negativa a la Recomendación 75/2021 formulada por la Comisión Nación de los Derechos Humanos (CNDH), con base en las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen.
 https://t.co/MzwbyZG5IZ pic.twitter.com/7gCP0axDWj

— Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) November 27, 2021

Barbosa Huerta justificó que sus expresiones no representaron un acto de autoridad, sino que únicamente ejerció su derecho a la libertad de expresión, derecho humano consagrado en la Constitución federal.

Por ello argumentó que la recomendación configura un acto de censura que “perjudica el derecho a la información de la ciudadanía” sobre actos o eventos del pasado que son de interés público, como el ejercicio del presupuesto y la calidad de la gestión gubernamental.

Explicó que respondió la recomendación porque así lo establecen las normas legales, pero también porque no debe dejarse un precedente en donde se acepten este tipo de señalamientos de la CNDH.

Y es que acusó que el organismo nacional basó su resolución de la queja con notas periodísticas, que no podrían tomarse como pruebas fehacientes, pues advirtió que estas son inexactas al reproducir sus dichos o descontextualizarlos.