Un juez ejecutó este miércoles una suspensión de amparo que obliga a descongelar las cuentas bancarias de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y ordena que el campus sea liberado a la brevedad, pues hace cuatro meses fue tomado por la fuerza por el patronato que hizo rector al exsenador Armando Ríos Piter.

A través de un boletín, el patronato inicial de la Fundación Mary Street Jenkins dio a conocer que Roberto Yáñez Quiroz, juez 24 de la Ciudad de México, ordenó la devolución de las instalaciones de la UDLAP, tomadas desde el 29 de junio con el apoyo de la policía estatal.

En su escrito enfatizó que este mismo juez “facilitó” la ocupación de la universidad, ya que en seis ocasiones consecutivas se negó a devolver el campus al patronato liderado por la familia Jenkins de Landa.

En la nueva determinación del juez se dejaron sin efecto las medidas cautelares que propiciaron la toma violenta de la universidad, y se canceló el aseguramiento de las cuentas bancarias intervenidas.

Fundación responsabiliza a Barbosa

La Fundación Mary Street Jenkins responsabilizó al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, así como a sus “aliados”, de los daños irreversibles en la UDLAP, pues señaló que el mandatario intentó apropiarse de patrimonio privado a través de litigantes “sin escrúpulos”.

La fundación espera que las autoridades del Poder Judicial y del Ejecutivo reintegren de inmediato la posesión de la institución, ya que en breve convocarán a la comunidad universitaria al regreso a la normalidad.

Previo a esta determinación la universidad tenía dos rectorías: la de Cecilia Anaya Berríos, designada como interina por el primer patronato, y la de Armando Ríos Piter, nombrado por el segundo patronato.

Desde la entrada de la policía estatal al campus de la universidad en Cholula, estudiantes realizaron marchas y protestas para demandar el regreso a clases presenciales y exigir la salida de Ríos Piter como rector.

Los inconformes señalaron a Barbosa Huerta de ser el responsable del conflicto en la universidad, pues consideraron que deseaba quedarse con los recursos económicos de la fundación.

En su última declaración sobre el tema, el gobernador comentó que no se reuniría con ninguna de las partes involucradas en el conflicto por el control de la UDLAP, pues el problema iba más allá de la universidad, ya que implicaba órdenes de aprehensión y otras acciones legales que van para largo.

Advierten denuncias

En entrevista el vocero de la Fundación Mary Street Jenkins, Enrique Rodríguez Aranda, dijo que harán una revisión física y administrativa de la universidad en cuanto la reciban y, si encuentran irregularidades, harán las denuncias civiles y penales en contra de quien resulte responsable.

Aunque públicamente acusó la intervención de Barbosa Huerta, descartó que sea denunciado, pues dijo que será la sociedad quien juzgará su actuar.

Sostuvo que el fallo a su favor es irreversible, así que solo es cuestión de horas o quizá unos días para que sea liberada la universidad y Cecilia Anaya Berríos sea la única rectora, ya que aseguró que el otro patronato no tiene otra alternativa más que acatar la orden del juez.