El Congreso de Guerrero exhortó a los tres niveles de gobierno a impulsar acciones encaminadas a prevenir, erradicar y sancionar la venta de niñas para matrimonios forzados en la región de la montaña.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) presentó una propuesta de acuerdo parlamentario, la cual fue aprobada por unanimidad, ya que retomó uno de los asuntos que, en las últimas semanas, han generado mayor conmoción a nivel nacional e internacional.

El acuerdo plantea un exhorto al gobierno federal; el gobierno de Guerrero; la Fiscalía General del Estado y a los 81 municipios, para que lleven a cabo las acciones necesarias para erradicar y sancionar la trata de niñas y adolescentes con fines de matrimonios forzados o usos domésticos en la entidad.

Asimismo, exige una condena enérgica ante los hechos registrados en la comunidad de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande.

El documento fue firmado por los coordinadores de las fracciones parlamentarias Alfredo Sánchez Esquivel (Morena), Héctor Apreza Patrón (PRI) y Raymundo García Gutiérrez (PRD); así como los representantes parlamentarios Leticia Mosso Hernández (PT); Manuel Quiñonez Cortés (PVEM), Ana Lenis Reséndiz Javier (PAN) y Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Mesa Directiva.

Los integrantes de la Jucopo reconocieron que, hasta el momento, no hay garantías de que el fenómeno quede completamente erradicado, por lo que existe el riesgo de que se vuelva a presentar.

Menor es detenida por resistirse a violación

Los hechos referidos en el documento, tratan sobre el caso Angélica 'N', una menor que fue dada en matrimonio cuando tenía 11 años, luego del pago de 120 mil pesos a su padre, para ser casada con otro menor de 12 años.

El esposo de Angélica tuvo que migrar hacia Estados Unidos, por lo que quedó al cuidado de sus suegros, pero su suegro intentó violarla en cuatro ocasiones, por lo que la menor escapó y buscó refugio en casa de su abuela.

A raíz de su resistencia a volver, el suegro solicitó la intervención de la Policía Comunitaria de Dos Ríos, municipio de Cochoapa, lo cual generó la detención de la abuela, de Angélica y de sus tres hermanas, quienes permanecieron 11 días privadas de la libertad.

El caso se dio a conocer luego de que la madre de Angélica sostuvo una gresca con integrantes de la Policía Comunitaria, a los que solicitó permiso para acercarles alimento y se lo negaron, lo que le provocó un aborto de trillizos.

Al conocerse la detención de las menores y su abuela, la Secretaría de la Mujer; la de Asuntos Indígenas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) intervinieron dialogando con el ayuntamiento de Cochoapa y con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), logrando su liberación y la atención médica para la madre.

Con información de Milenio