Tras 28 años de haberse puesto en marcha el entonces anfiteatro regional en Acatlán, ahora Servicio Médico Forense (Semefo) sigue sin dar servicio desde hace más de dos años, lo que origina que los cuerpos de las personas accidentadas sigan siendo trasladados hasta Izúcar de Matamoros para su necropsia correspondiente.

La fachada de este lugar se pintó con la leyenda de la Semefo y el logotipo de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y debido a que no tiene cristales se puede apreciar que el interior sigue en las mismas condiciones desde agosto del 2019 cuando dejó de funcionar.

"Cuando mataron a mi esposo tuvimos que esperar más de 6 horas para que llegaran los médicos legistas que atienden el anfiteatro de Izúcar de Matamoros para que levantarán su cuerpo y otras 10 horas más para que nos lo entregarán para poder velarlo y darle sepultura", expresó Gloria N.

Dijo que fue un martirio esperar que el cuerpo de su esposo fuera trasladado hasta otro lugar, debido a que en Acatlán el anfiteatro sólo está de adorno y no se brinda el servicio oportuno.

Además de esperar la entrega del cuerpo de su familiar accidentado o asesinado, para los familiares también representa un problema económico, ya que tienen que pagar el traslado equivalente a 2 mil pesos, más los gastos funerarios como la caja y otros servicios, expresó Alejandro Martínez, dueño de una funeraria.

Fuentes extraoficiales detallaron que en una revisión del anfiteatro se constató la ausencia de una cámara frigorífica, la falta de material quirúrgico, insumos médicos, iluminación y una instalación de agua adecuada, además, de medidas higiénicas para realizar una necropsia, por lo que se cree que estas faltas fueron factores que detonaron el cierre de la dependencia, y hasta el momento el gobierno estatal no ha destinado recursos para el funcionamiento de este Semefo que brindaría atención a 26 municipios.

Este anfiteatro fue puesto en marcha en enero de 1993, siendo gobernador del Estado, Mariano Piña Olaya, con apoyo de otros ayuntamientos y el fondo para la reparación del daño y protección de las víctimas de los delitos.