A menos de un mes de haber iniciado la LXI Legislatura del Congreso de Puebla, el mandatario local Miguel Barbosa Huerta emitió el pasado 13 de octubre, la primera iniciativa para reformar la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado. 

El decreto emitido establece la adhesión de un tercer párrafo al artículo 9 de esta ley que señala: 

“Tratándose del Poder Ejecutivo, los servidores públicos encargados de la contratación de trabajadores al servicio del Estado, no podrán suscribir contrato alguno con personas que sean parte en algún juicio, de cualquier naturaleza, en contra del Gobierno del Estado, sus Dependencias y Entidades Paraestatales.” 

Con el objetivo de que ninguna persona que forme parte o promueva un juicio en contra de las dependencias del gobierno estatal, sea contratada para el servicio público. 

Bajo esta premisa, también se agrega un párrafo a la fracción IV del artículo 46 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable que establece esta misma condicionante que servirá como filtro para la contratación de personal. 

El oficio se turnará a la comisión de Presupuesto y Crédito Público que preside el morenista Fernando Sánchez Sasia y en donde la mayoría de votación queda para el grupo parlamentario entre la alianza Morena y Partido del Trabajo (PT).