El rezago de investigaciones de delitos en Puebla aumentó 33 por ciento entre 2019 y 2020, según el estudio “Hallazgos 2020”, de la organización México Evalúa.

La organización considera como congestión los procedimientos cuyas investigaciones se encuentran en trámite o sin resolver.

Puebla “aumentó sustancialmente” su “tasa de congestión” de 47.3 por ciento en 2019 a 76 por ciento en 2020. Con estas cifras se ubica por arriba del promedio nacional.

La congestión promedio en el país es de 55 por ciento. Los estados con mayor tasa son Nuevo León, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo y Puebla en donde los porcentajes oscilan entre 76 y 90 por ciento de rezago.

Por el contrario, sólo hay 10 entidades que están por debajo del promedio nacional y son Baja California, Veracruz, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas, Morelos, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Yucatán, en donde la congestión va desde el 4 y 55 por ciento de congestión.

Ante esta problemática, la asociación civil recomienda tener un mecanismo de evaluación del desempeño que incentive al personal y le ofrezca condiciones de certidumbre para su toma de decisiones.

También propone crear una política o plan de persecución penal que defina las prioridades y la asignación de recursos institucionales, además de tener un modelo de gestión para favorecer la toma de decisiones de los operadores para reducir espacios de riesgo de discrecionalidad, homologar criterios de atención y propiciar el uso adecuado de las determinaciones ministeriales que no resuelven de fondo los conflictos.

Pendiente, servicio profesional de carrera

De acuerdo con México Evalúa, Puebla aún tiene pendiente la puesta en marcha del servicio profesional de carrera adecuado entre las autoridades que tienen entre sus objetivos atender las denuncias de delitos en cualquiera de sus etapas.

La organización enfatiza que la importancia de este sistema es que regula las etapas del reclutamiento, selección, ingreso, certificación, promoción, sanción y baja de sus integrantes, lo cual se refleja en parte de sus resultados.

La puntuación máxima que pudieron obtener autoridades como la Fiscalía General del Estado (FGE), el Poder Judicial, defensoras públicas y asesoría a víctimas era 14 pero, en conjunto, fue de 9.5.