De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dos días de concluir su mandato, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán por el Partido Revolución Democrática (PRD), dejará 3 mil 649 millones de pesos de daño patrimonial, por ejercicio irregular de 19 fondos federales.

Además, su sucesor, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), denunció que no se sabe nada de los 4 mil millones de pesos de crédito que, Aureoles pidió en diciembre pasado a los bancos, para el supuesto ejercicio de obra pública y que quedarán como deuda para el gobierno entrante.

Se trata de dos créditos simples: uno con Banorte por 2 mil 45 millones de pesos y otro con BanBajío por 2 mil 45 millones, a los que se suman otros con Banobras por mil 149 millones y por mil 218 millones solicitados en 2020.

De acuerdo con información del sistema de seguimiento de auditorías de la ASF, el mayor monto de irregularidades, que a la fecha siguen sin ser aclaradas por el gobierno de Michoacán, se concentra en el ejercicio de los recursos de las Participaciones federales, con observaciones por mil 128.5 millones de pesos.

Al respecto, la ASF encontró un presunto desfalco del gobierno de Michoacán; luego de que la Secretaría de Finanzas gastó mil millones 653 mil pesos en el mantenimiento de software, publicidad, asesorías, servicios de informática y sistemas de monitoreo, de los cuales no presentó evidencia de los procesos de adquisición y contrataciones.

Le siguen los recursos económicos entregados al gobierno estatal a través del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, con irregularidades por 852 millones 807 mil pesos y los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, por 370 millones 894 mil pesos.

De dicho monto la mayor parte, por 347.9 millones de pesos, corresponde a la falta de documentación comprobatoria del gasto de seis dependencias estatales y 23 municipios.

Las dependencias que no comprobaron el uso de estos recursos son la Secretaría de Salud (31 millones), el Colegio de Bachilleres (25.3 millones de pesos), la Coordinación General de Comunicación Social (7.6 millones de pesos), el Sistema Integral de Financiamiento, así como las secretarías de Desarrollo Económico y de Gobierno.

En el caso de los 370 millones, destaca el monto de 2018, que es el más elevado, por 176.2 millones que no se utilizaron y no se devolvieron a la Federación.

Así mismo no se cubrieron programas de asistencia social (111.7 millones), infraestructura educativa básica (15.4 millones), infraestructura educativa media (4.7 millones) e infraestructura educativa superior (25.8 millones), con lo que no devolvió más de 176 millones.

Con información de Milenio.