En el Centro de Salud número 1 ubicado en el barrio de Analco, en Puebla capital, obligan a personas con discapacidad a hacer filas y esperar bajo el sol por un certificado que “acredite” su discapacidad, el cual es obligatorio para acceder a programas sociales.

A diario llegan personas con discapacidad motriz en brazos de sus familiares o hasta en “diablitos”, ya que quienes requieren los certificados son de escasos recursos económicos y buscan acceder a sillas de ruedas, bastones u otros apoyos.

Aunque antes el trámite se realizaba por familiares de las y los beneficiarios, la directora del Centro de Salud, Guadalupe Maribel Álvarez López, es quien dispuso que sería obligatoria la presencia de las personas interesadas, con el argumento de que se requiere “confirmar” que tienen una discapacidad.

Antes de su llegada al cargo el pasado 1 de julio, la solicitud de certificados era rotatoria, ya que los 12 médicos del lugar recibían y autorizaban su expedición, aunque siempre iban firmados por el director del centro de salud.

Ahora, la decisión de autorizar o negar los certificados es exclusiva del doctor Alejandro Advear Álvarez López, hermano de la directora.

Personas afectadas denunciaron con e-consulta que existe un evidente nepotismo en el sitio, puesto que la directora gestionó el ingreso de su hermano, quien ahora incurre en abusos contra el personal y hasta de pacientes.

Abusos y excesos

Una persona inconforme señaló que antes era suficiente mostrar la foto del beneficiario o el certificado anterior para la expedición del nuevo certificado, pero ahora forzosamente se exige la presentación del paciente, sin importar si provienen de la periferia de la ciudad o alguna junta auxiliar.

A esto se suma la exigencia de un dictamen expedido por un especialista con una vigencia no mayor a 1 año, donde también se ratifiquen los padecimientos.

La familiar de un paciente denunció que esto implica un costo adicional, ya que el dictamen le cuesta mil pesos para su hijo con discapacidad motriz.

Estas medidas, además de considerarse excesivas, son vistas como absurdas, pues inconformes señalaron que unos síndromes son incurables o muchas personas nacieron con sus padecimientos, de ahí que es innecesario un dictamen que cada año “confirme” la discapacidad.

Y a esto agregaron supuestos abusos y vejaciones por parte del doctor Alejandro Advear Álvarez López, quien es acusado de negar certificados a personas con diabetes con el argumento de que “se provocó la amputación” por no tomarse la insulina.

Aunque pacientes y sus familias dijeron que han reportado la situación a la Secretaría de Salud del estado, reprocharon que no han tenido respuestas.