El paradigma jurídico vive tiempos de cambio. La conciencia en garantías fundamentales, impulsada en buena medida por las luchas sociales, ha posicionado entre los juristas la posibilidad de contar con sistemas de justicia más proporcionales a las violaciones a los derechos humanos. 

Durante su conferencia para la IBERO Puebla, el Dr. Fabián Omar Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, de la ONU, brindó una síntesis de sus perspectivas respecto a una de las grandes deudas históricas de las instituciones públicas. 

 La reparación integral tiene una vía extensa llena de oportunidades de mejora. Las reformas constitucionales de 2008 permitieron consagrar los derechos de las víctimas para brindar mayor equidad en el naciente sistema penal acusatorio. Al mismo tiempo, el paradigma de derechos humanos instalado en 2011 ha sido el faro para todas las innovaciones en justicia restaurativa. 

Como expresó la Mtra. Miriam Itzsel Chávez Gómez, encargada de Despacho en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Puebla, la atención de víctimas debe buscar la reparación integral que ofrezca un remedio amplio y sin distinciones a los agravios sufridos. 

Por su parte, el Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la IBERO Puebla, aseguró que la reparación es fundamental para la construcción de la verdad. “La sociedad en México, [como] las familias de las personas desaparecidas, estamos reclamando verdad en este contexto de violencia desbordada”.  

La alusión a la Ley Estatal para la Búsqueda de Personas en Puebla aprobada en días pasados sirvió para ilustrar la necesidad de que sociedad civil y gobierno colaboren para hacer frente a la crisis de derechos humanos. Si bien dicha normativa sigue sin contemplar algunas preocupaciones de las familias, si representa un paso importante en la garantía de reparación de daños en el estado. 

Las experiencias de otros países

Fabián Salvioli ha recolectado experiencias en países con muy diversas realidades en materia de garantías individuales. Durante su estancia en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU entre 2009 y 2016 fue autor de las Directrices sobre reparaciones aplicadas por la comisión desde hace cinco años. En torno a ellas versó su charla para la Universidad Jesuita en forma de heptálogo. 

La reparación es consecuencia de un daño. Esto dota de una herramienta para argumentar, con un enfoque de derechos humanos, que todo agravio es merecedor de ser compensado. Los resultados del análisis de cada caso han de llevarse a cabo bajo una perspectiva pro persona. 

La piedra que cae en el agua. Las violaciones de derechos humanos se reparan bajo criterios internacionales que contemplan el alcance real del daño, como una onda expansiva en el agua. Dichas medidas se distribuyen en las categorías de restitución de derechos, compensación económica (la más común), rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. 

Víctimas en el centro. Las personas agraviadas deben participar en el diseño y la ejecución de las reparaciones; de lo contrario, se incurre en una revictimización y no se puede hablar de una compensación real.  

Múltiples reparaciones. Los mecanismos de justicia transicional (el paso del autoritarismo a la democracia o del conflicto a la paz) han demostrado que, en ocasiones, las reparaciones colectivas dejan de lado algunas necesidades individuales. Una reparación integral debe tener en cuenta el contexto y las vulnerabilidades de cada persona afectada. 

Las reparaciones deben tener un efecto transformador. Algunas prácticas buscan restituir un daño trasladando al individuo a su circunstancia previa al delito. Esto puede suponer una recaída en condiciones de vulnerabilidad. Ante estos escenarios, es necesario “colocar a las víctimas en un lugar distinto a donde se cometieron las violaciones”. 

La dilación en los procesos de justicia es revictimizante. Cuando las respuestas permanecen en el limbo tras meses y hasta años de la afectación se incurre en nuevas formas de violencia. “No es lógico que los Estados se comprometan a reparar y luego no lo hagan”, sentenció el ponente. 

Investigación y sanción de las violaciones como reparación. Las víctimas podrán volver a confiar en las instituciones públicas cuando estas rompen con la inercia de la impunidad que las ha convertido en “máquinas de violar derechos”.  

De estos principios, Salvioli destacó la importancia de que las autoridades cumplan con su deber de salvaguardar la integridad de las personas. Al ser los responsables del ejercicio legítimo del poder, cerró, tienen un margen mínimo o nulo para los errores, mismos que pueden impactar de forma incalculable en la vida de una víctima.