La Fundación Mary Street Jenkins (FMS) aseguró que el Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil de Puebla dio un ultimátum a Roberto Yáñez Quiroz, Juez 24 Civil de la Ciudad de México, para acatar de inmediato la resolución que ordena la liberación de la UDLAP.

En respuesta, Rodrigo Gurza Cárdenas, abogado del nuevo patronato, sostuvo que el caso está impugnado y no se puede entregar el campus de institución ubicada en San Andrés Cholula.

La FMS afirmó en un comunicado que ganó una suspensión de amparo que ordena la devolución de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), notificada el 15 de julio pasado, pero Rodrigo Gurza señaló que solo tiene efectos “meramente provisionales y se espera que sean revocados en los próximos días”.

La Fundación Mary Street Jenkins informó que incluso interpuso una denuncia contra Roberto Yáñez Quiroz, juez 24 Civil de la Ciudad de México, por evadir el cumplimiento de la suspensión de amparo y regresar a la fundación de las Américas Puebla (FUDLAP) a Margarita Jenkins de Landa.

COMUNICADO: JUEZ FEDERAL ORDENA A JUEZ CAPITALINO CUMPLIR DE FORMA INMEDIATA LA SUSPENSIÓN PARA DEVOLVER EL CAMPUS DE LA UDLAP. pic.twitter.com/kb48yjxzQn

— Fundación M. S. Jenkins (@Fund_MSJenkins) August 9, 2021

Esto al informar que el juicio ganado tiene efectos restitutorios inmediatos, que pretenden ser desconocidos por el Juez capitalino, al declararse “incompetente para seguir conociendo del asunto y de forma irregular lo envió al juez 60 Civil, con la finalidad de eludir el mandato del juzgado federal”.

“Por tal motivo, se ha requerido a ambos jueces de la Ciudad de México (al juzgado 60, sólo en el caso de haber aceptado el conocimiento del caso) para que de inmediato informen sobre el cumplimiento de la suspensión, que obliga regresar las cosas al estado en que se encontraban, hasta antes de la incursión violenta con Policía Estatal armada en el campus de Cholula, el pasado 29 de junio”, expuso la Fundación Jenkins.

El juez Roberto Yáñez sería multado y además denunciado ante el Ministerio Público de la Federación, de acuerdo al artículo 262 de la Ley de Amparo, que prevé estas sanciones en contra de quienes muestren una conducta de desacato.

“Este ultimátum hace evidente un concierto de acciones dolosas que violentan el Estado de Derecho, con el objetivo de intentar normalizar un flagrante atropello contra el patrimonio privado de la Fundación Mary Street Jenkins y la Universidad de las Américas Puebla”, sentenció la fundación.

Juicio cambió de juez

Al respecto, Rodrigo Gurza, abogado del nuevo patronato –quien tiene posesión de las instalaciones–  declaró que ningún juez de la Ciudad de México se ha negado a cumplir con la suspensión notificada, sino que “ya no tiene el expediente en su juzgado, por lo que es imposible para él cumplir”.

“El Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil de Puebla erróneamente requirió al juzgado 64 Civil de Ciudad de México para cumplir con la referida suspensión, sin embargo, el juez 64 Civil no tiene el expediente. El día de hoy, Juzgado Tercero emitió un acuerdo reconociendo esa imposibilidad”, aclaró.

En un comunicado, el abogado desconoció los comunicados de la Fundación Mary Street Jenkins al referir que las personas que emiten la información a nombre de la organización no están legalmente habilitadas de dar pronunciamientos del conflicto de la UDLAP.

El 29 de junio la UDLAP  fue tomada por la fuerza pública del gobierno estatal, para darle posesión y el control de la institución a un “nuevo patronato” presidido por Horacio Magaña Martínez.

Barbosa evita opinar

En conferencia de prensa este lunes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta prefirió no opinar sobre el conflicto legal de la UDLAP entre la familia Jenkins y el nuevo patronato.

“Ninguna opinión me merece porque es un asunto judicial y las soluciones judiciales entre las partes de un litigio se acatan. Una autoridad política como soy yo, no tiene opinión en asuntos jurisdiccionales”, finalizó.