A dos años del gobierno de Miguel Barbosa Huerta, la administración estatal continúa con pendientes en materia de seguridad pública, principalmente en delitos como la trata de personas, la delincuencia organizada expresada en el tráfico de drogas, así como los delitos que se cometen por servidores públicos.

Con la influencia de la crisis sanitaria, el gobierno barbosista también ha controlado la incidencia de otros delitos de alto impacto como los homicidios, los secuestros y los feminicidios, aún y cuando por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) han pasado tres personas.

Trata ha crecido 116 por ciento

Cuando Miguel Barbosa tomó posesión como gobernador de Puebla el 1 de agosto de 2019, la Fiscalía General del Estado tenía en sus expedientes 12 carpetas de investigación por trata de personas en toda la entidad, las cuales fueron recabadas entre el 1 de enero y el 31 de julio de ese mismo año.

Durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, fue el mes de julio cuando la Fiscalía General del Estado de Puebla abrió más carpetas de investigación con cuatro; en enero fueron tres; en marzo dos y con excepción de mayo, un caso en el resto de los meses.

Un año antes, es decir, durante todo el 2018 cuando el gobernador era Antonio Gali Fayad, el estado de Puebla tuvo once casos de trata de personas denunciados ante la Fiscalía General del Estado, según las mismas cifras públicas del organismo.

Las estadísticas oficiales revelan que en los primeros seis meses de Miguel Barbosa como gobernador, se abrieron otras cinco carpetas de investigación por trata de personas, por lo que el 2019 cerró con un total de 17 expedientes por este delito.

Pero el problema de la trata ha experimentado un incremento del 116 por ciento en los primeros seis meses de este 2021 en comparación con los meses previos al mandato barbosista, pues entre enero y junio de este año se han abierto 26 carpetas de investigación por este delito.

Durante el 2020 la entidad también sufrió un incremento en el fenómeno de la trata pues se abrieron un total de 19 carpetas de investigación, es decir, un 11 por ciento más que el total de las abiertas en 2019 y 72 por ciento por arriba de las once que hubo en 2018.

Se cuadriplicó el tráfico de drogas

Otro delito que ha experimentado un incremento considerable en su incidencia es el del narcomenudeo. En este rubro, la entidad ha reportado un incremento del 312 por ciento entre los siete primeros meses del 2019 y los primeros seis de este 2021.

Entre enero y julio de 2019, antes del inicio del gobierno estatal actual, en Puebla la Fiscalía General del Estado abrió un total de 252 carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo, es decir, un promedio de 36 expedientes por mes.

Para los primeros seis meses de este 2021, el organismo procurador de justicia abrió 1 mil 40 carpetas de investigación por narcomenudeo, con un promedio de 173 carpetas al mes o hasta cinco casos al día.

El incremento en la incidencia de este delito se da desde el 2020 pues durante todo ese año, el primero que gobernó completamente Miguel Barbosa, la Fiscalía abrió 1 mil 444 carpetas de investigación por este delito, mientras que en 2018, por ejemplo, apenas fueron 253 casos.

Barbosa dice que sí combate la trata y el narcomenudeo

En su conferencia de prensa del pasado 28 de julio, el gobernador Miguel Barbosa Huerta fue cuestionado sobre las estrategias para combatir la incidencia de algunos delitos, por lo que se refirió a la trata de personas y el narcomenudeo.

El mandatario justificó el aumento en la incidencia que han tenido ambos delitos durante su gestión en el combate a dichos fenómenos, pues de acuerdo con Barbosa Huerta, hay muchas carpetas de investigación porque el delito sí se está investigando, no como ocurría con administraciones pasadas.

"Hay más carpetas porque hay combate a este delito. Todos los delitos son vergonzosos, pero este delito que tiene implicaciones de pobreza social, de sometimiento, hasta de esclavitud de mafias en contra de mujeres, entonces estamos nosotros arrancando de raíz, investigando y deteniendo delincuentes, mafias, que se dedican a eso", manifestó Barbosa respecto a la trata.

El funcionario también reconoció que hay muchos pendientes para dar solución al fenómeno de la explotación sexual, pero señaló la falta de cooperación de gobiernos municipales, como el de Puebla, ya que indicó que las trabajadoras sexuales del Centro Histórico son víctimas de la trata.

"¿No ven el centro de esta ciudad lleno de esta actividad de sexoservidoras?, ¿no es trata?. Eso es trata de personas, entonces hay que limpiar en coordinación con los Ayuntamiento, Créanme que tiene que haber una nueva idea de la autoridad municipal. Ya no es el delito que les toca administrar, es el delito que les toca impedir que se siga cometiendo", expuso.

El mismo argumento fue utilizado para justificar el aumento de las carpetas de investigación por narcomenudeo, pues señaló que constantemente se están abriendo investigaciones en contra de los narcomenudistas, al señalar que ya no es solo un problema de venta sino también de consumo.

Mas funcionarios cometen delitos

Las cifras de la Fiscalía General del Estado muestran que otro de los delitos que más se ha incrementado y que laceran a la sociedad  es el que se comete por algún funcionario público, pues entre los primeros siete meses del 2019 y los primeros seis de este 2021, se incrementaron un 211 por ciento.

Entre enero y julio del 2019, durante el interinato de Pacheco Pulido, apenas se iniciaron 200 carpetas de investigación por delitos cometidos por algún servidor público.

Entre enero y junio de este año, la autoridad ministerial ya inició 623 investigaciones contra servidores públicos por la comisión de algún delito.

Aunque en más de una ocasión el gobernador ha hecho referencia a que se están investigando a ex funcionarios de administraciones, principalmente morenovallistas, pocas son las que se han traducido en detenciones.

En este rubro se pueden recordar algunas significativas como las del ex alcalde panista Leoncio Paisano Arias, o el operador morenovallista y exdiputado, Eukid Castañón Herrera, aunque este último está detenido por un problema entre particulares y no por uno cometido desde la administración pública.

La pandemia y los secretarios fugaces

La contingencia sanitaria que se vivió en gran parte del 2020 también se reflejó en un descenso del 8.6 por ciento en la incidencia delictiva total en el estado, pero focalizada en algunos delitos que frenaron con el encierro y la detención de servicios o comercios.

Por ejemplo, el robo total bajó un 22.5 por ciento entre el 2019 y el 2020, al pasar de 35 mil 887 carpetas de investigación a 27 mil 796, según los datos públicos de la Fiscalía General del Estado.

Con la mayoría de los negocios cerrados por la pandemia, el robo a establecimientos comerciales pasó de 5 mil 113 robos en 2019 a 4 mil 65 en el 2020.

El robo a transeúnte en la vía pública también experimentó una reducción en la incidencia al cerrar el 2020 con 2 mil 401 carpetas de investigación por este delito, lo cual representa 329 casos menos que los denunciados en 2019.

A pesar del fenómeno a la baja de muchos de los delitos, en febrero del 2020 el gobernador Miguel Barbosa decidió hacer el primer cambio de secretario en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, trayendo a Raciel López Salazar en lugar de Ildefonso Amézaga Ramírez.

La salida del vicealmirante Amézaga se vio, principalmente impulsada por el homicidio de tres estudiantes de medicina de la BUAP y la UPAEP, así como un conductor de Uber, en el municipio de Huejotzingo.

El nombramiento de Raciel López marcó una etapa en la SSP pues muchos funcionarios fueron designados en puestos estratégicos tras ser importados desde Chiapas, por lo que existieron señalamientos de corrupción desde las primeras semanas posterior a su nombramiento.

Estos señalamientos  y un paro en la Policía Estatal por los bajos salarios y malas condiciones de trabajo, no fueron suficientes para revisar el nombramiento de Raciel López Salazar, quien finalmente se mantuvo 14 meses en el cargo.

Fue en abril de este año cuando el gobernador Miguel Barbosa reconoció la renuncia de Raciel López y reveló que a su paso por la SSP dejó un halo de corrupción y desfalcos, así como la creación de grupos dedicados a la extorsión.

La desaparición de Vialidad y la llegada de López Maya

Con la salida de Raciel inició la tercera etapa de la SSP pues el objetivo de los señalamientos de corrupción por parte del gobernador se vertieron en contra del área de Vialidad Estatal.

Bajo el argumento de acabar con los actos de corrupción de dicha área, se ordenó mediante un decreto la extinción de esta área y se le dieron las facultades para la vigilancia de las carreteras a la Policía Estatal.

La reestructura de la dependencia se complementó con la designación definitiva, en junio, de Rogelio López Maya como secretario de Seguridad Publica, pues tras la salida de Raciel López Maya se encontraba únicamente como encargado de despacho.