Tras solventarse observaciones o prescribir el plazo para imponer sanciones, el Congreso de Puebla aprobó 49 cuentas públicas de exalcaldes, exdirectores de institutos tecnológicos y extitulares de sistemas operadores de agua.

En sesión pública presencial, la primera luego de un año y cuatro meses de confinamiento, este martes se avalaron los estados financieros que tenían hasta diez años de antigüedad.

La cuenta pública de Pedro Azucena Amastral, exalcalde de Coronango, databa de 2008, es decir, que por más de 12 años no se había dictaminado.

Tres eran de 2011: la de Alejandro Quintana Chinos, exalcalde de Jolalpan; Hilario González Torres, de Nopalucan y de Martín Matías Martínez, de Xayacatlán de Bravo.

Cinco correspondían al ejercicio fiscal 2012, de los municipios de Atzitzintla, San Jerónimo Tecuanipan, Zoquiapan y Acajete, así como al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

Otras nueve cuentas públicas eran del 2013, entre ellas las de los exalcaldes de Huaquechula, Huatlatlauca, San Nicolás Buenos Aires y Altepexi.

Del 2014 fueron 22 cuentas públicas, algunas de ellas de los municipios de San Martín Texmelucan, Soltepec, Zoquitlán, Tlacotepec y Zapotitlán.

Aprueban informe de cuenta estatal 

En otro punto, el Legislativo aprobó el informe de fiscalización de la Cuenta Pública del estado 2019, el cual contiene observaciones de probables irregularidades por 2 mil 320 millones 908 mil 126 pesos.

En ese año gobernaron tres personas: del 1 al 20 de enero fungió como encargado de despacho el exsecretario General de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida, mientras que del 21 de enero al 31 de julio ejerció Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino tras la muerte de la exgobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, para luego dar lugar a la gestión de Miguel Barbosa Huerta a partir del 1 de agosto.

La aprobación del informe no representa la aprobación de la Cuenta Pública, pues aún falta que las anomalías encontradas sean solventadas por el gobierno estatal o, de lo contrario, determinar si habrá procesos administrativos o incluso denuncias por las inconsistencias.

En total se emitieron 110 observaciones, de las cuales 73 se solventaron antes de emitir el informe de fiscalización, 6 únicamente fueron recomendaciones y en las 31 restantes se encontró el posible daño patrimonial.