Juan Manuel López Arroyo, ex delegado de la Sedatu y ex presidente municipal interino en Zacatlán, durante la gestión de Juan Carlos Lastiri Quirós, fue vinculado a proceso derivado de una investigación por la llamada "Estafa Maestra".

Dentro de la misma causa penal que se sigue al político poblano también fue vinculado a proceso Noé Molina Rusiles, ex rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), en el Estado de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), se obtuvo vinculación a proceso en contra de estas dos personas, por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

"El juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, vinculó a Juan Manuel “L”, exservidor público, y Noé “M”, funcionario de una Universidad en el Estado de México", dio a conocer la dependencia.

Ninguno de los dos imputados está en prisión y seguirán su proceso en libertad, aunque con la prohibición de salir del país sin autorización y la obligación de presentarse mensualmente a firmar que no se han evadido. Aemás se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Juan Manuel López Arroyo es uno de los personajes más cercanos a Juan Carlos Lastiri Quirós, pues primero fue su suplente cuando el priísta fue presidente municipal de Zacatlán en el período de 1996 a 1999,  y  fungió como delegado de la extinta Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) en la entidad, a partir de 2017.

Previamente fue titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) de la Secretaría de Desarrollo Social, donde supuestamente contrató servicios con recursos económicos públicos y solicitó el otorgamiento indebido de autorizaciones de contenido económico.

Dicha acusación derivó de una investigación periodística hecha por el portal de noticias "Animal Político", en asociación con "Mexicanos contra la corrupción y la impunidad", en 2017, que reveló un sistema ilegal de manejo de recursos a través de 128 empresas fantasma por las que circularon más de 400 millones de dólares.

En esta red estuvieron vinculadas 11 dependencias, ocho universidades públicas, empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos órdenes de gobierno.