En Puebla no existe un plan rector para combatir la contaminación, por el contrario, el problema se ha convertido en un negocio y una vía para pagar favores políticos, denunció Lorenzo Pérez Arena, del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza.

En el programa Ante la Corte, de e-consulta, el ambientalista expuso el descuido gubernamental en el medio ambiente y las posibles problemáticas que causaron el socavón de Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla.

Resaltó además la necesidad de una política ambiental transparente, con inversión útil y efectiva, así como la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno estatal.

Contaminar, un modelo de negocio

El especialista señaló que en Puebla la contaminación se ha utilizado como un modelo de negocio, tanto en la recaudación de impuestos, como en la concesión de servicios y expedición de permisos para actividades supuestamente para resarcir el problema.

Dijo que los llamados verificentros son muestra de este modelo lucrativo, ya que se usan con un fin recaudatorio sin que se conozca con claridad su beneficio real.

Si bien actualmente no operan estos establecimientos, tanto el actual gobierno de Miguel Barbosa Huerta como los anteriores de Antonio Gali Fayad y Rafael Moreno Valle, no mostraron pruebas de su utilidad ni alcances.

El académico enfatizó que a esto se suma la opacidad, pues no se sabe en qué condiciones se encuentra el aire porque no son públicos los indicadores de contaminantes ni se informa cómo evolucionan periódicamente.

Además puntualizó que la apertura, concesión y operación de los verificentros no están sujetos a un estudio ambiental sino que se utilizan para castigar y pagar favores políticos.

Esto luego de que el gobierno de Moreno Valle abrió varios establecimientos y supuestamente fueron otorgados mediante actos de corrupción, razón por la cual Barbosa Huerta decidió cancelar las concesión y hace unos días anunció que otorgará nuevas.

La instalación de plantas tratadoras de aguas residuales que no realizan sus funciones, así como los gastos millonarios para la supuesta limpieza del Río Atoyac sin que existan resultados palpables, los puso como otros ejemplos del lucro que se hace con la contaminación.

Estas prácticas las atribuyó a la aspiración política de quienes gobiernan, sus intereses personales y económicos, así como al desinterés por los ecosistemas.

Socavón es una alerta 

Pérez Arena enfatizó que el socavón que se generó en Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, es una alerta sobre el descuido ambiental que por décadas ha persistido en el estado.

Explicó que en la zona había ríos subterráneos, pero la sobre explotación por parte de industrias y complejos habitacionales provocaron que algunos se secaran, generando así cavernas que podrían derrumbarse y generar más socavones.

Puntualizó que más allá de la atención mediática que ha tenido el hecho, lo importante es atender las causas del hundimiento, empezando por suspender la sobre explotación y frenar los proyectos que pondrían en riesgo la zona, como la construcción de fraccionamientos y una autopista que se tienen proyectados en Zacatepec.

Inclusión y participación ciudadana 

El académico resaltó que es importante que organizaciones civiles y la ciudadanía en general sean tomados en cuenta en las decisiones del gobierno estatal sobre el medio ambiente, pues denunció que actualmente solo se les piden proyectos que al final no se ejecutan.

A la vez pugnó porque las autoridades respeten el trabajo y demandas de activistas, pues señaló que desde el gobierno se divide a organizaciones o se coopta a líderes, mientras que quienes resisten son perseguidos, encarcelados o incluso asesinados.

En este contexto, anunció que el Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza realizará una memoria de luchadores sociales perseguidos, tanto los que están con vida como los que no, además de un estudio sobre su lucha en el estado.