El gobierno del estado de Puebla no logró mantener estándares en materia de transparencia fiscal, confirmó el último análisis de la firma consultora Aregional.

De acuerdo con el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2021, Puebla obtuvo 94.48 puntos de 100 posibles que son 1.6 menos que los 95.64 puntos alcanzados un año anterior, ya con la administración de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.

La calificación de 95.64 puntos de 2020 colocaron a la entidad poblana en el tercer lugar con mejor evaluación. Sin embargo, en el periodo de la pandemia de Covid-19, la entidad descendió hasta la sexta posición. 

Aunque disminuyó la calificación del gobierno de Puebla, aún destaca por arriba del promedio nacional que es de 77.89 puntos.

El ITDIF es un instrumento estadístico que refleja el nivel de disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal generada por las entidades federativas. 

A través de los resultados, no sólo se observa el desempeño en el manejo, administración y ejecución de recursos públicos, sino también las acciones realizadas por cada gobierno en aras de transparentar el desempeño de su gestión. 

Para esta evaluación la consultora consideró información de la primera quincena del mes de abril del presente año, disponible en los sitios electrónicos oficiales del Gobierno y de la Secretaría de Finanzas o Tesorerías de cada estado.

Los análisis, entre otros, son a las leyes de ingresos y presupuestos de egresos, archivos con características de datos abiertos, y que la información disponible pudiera ser usada, gratuita, oportuna y legible. 

Los resultados de la evaluación 2021 reporta que 11 entidades son transparentes, entre ellas, Puebla.

El estado de México y Querétaro con 98.68 puntos están en primer lugar con mayor calificación aprobatoria. En contraste, el peor evaluado fue Guerrero con 34.57 puntos. 

Hay opacidad en pandemia

En marzo, e-consulta informó que con la crisis del Covid-19, el gobierno de Barbosa ocultó el destino de casi 3 mil millones de pesos para atender la emergencia sanitaria.

Lo anterior después de documentar que las Unidades de Transparencia cumplieron un año sin atender solicitudes de información pública, lo que dificulta conocer las inversiones para atender el Covid-19, y aquellas que respondieron reservaron los detalles de las compras de bienes, insumos y servicios por el inicio de auditorías.

“Los poblanos tienen derecho a conocer la verdad”, es uno de los lemas que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta ha empleado en sus discursos para criticar la opacidad de sus antecesores en el manejo de recursos públicos.