En el Congreso de Puebla presentaron dos nuevas iniciativas para despenalizar el aborto, a la par que feministas protestaron para exigir que la discusión y votación de las reformas se realice en la primera semana de julio.

Las iniciativas son impulsadas por las diputadas Rocío García Olmedo (del PRI) y Estefanía Rodríguez Sandoval (de Morena), que de manera conjunta propusieron modificaciones al Código Penal del estado y la Ley Estatal de Salud.

En la sesión plenaria de este miércoles ingresaron sus proyectos que incluyen las conclusiones del parlamento abierto realizado en abril, así como las aportaciones de organizaciones civiles.

En entrevista García Olmedo refirió que las iniciativas son una actualización de las presentadas desde 2018 y que a la fecha permanecen “congeladas” en comisiones.

Las nuevas propuestas se remitieron a la comisión de Salud y a la de Procuración y Administración de Justicia, donde se encuentran también en análisis las conclusiones emanadas del parlamento abierto.

En su protesta feministas demandaron al Poder Legislativo cumplir con el compromiso de discutir y votar las reformas, ya que para poner fin al plantón que realizaron a finales de 2020, se les prometió votar el tema antes del 15 de mayo, es decir, hace un mes.

Despenalización y trabajo comunitario

Las reformas propuestas al Código Penal contemplan modificar el artículo 339 para que no se castigue el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, mientras que en el 340 se prevé aumentar las penas por aborto forzado

“Al que hiciere abortar a una mujer o persona gestante sin su consentimiento, se le impondrán de cinco a ocho años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare. Si además mediare violencia física o moral, se impondrá al infractor de ocho a diez años de prisión”, señala el texto.

En el artículo 342 se plantean penas de hasta 6 meses de cárcel o hasta 300 días de trabajo comunitario para quien interrumpa su embarazo después de las 12 semanas de gestación.

“Se impondrán de tres a seis meses de prisión, o de cien a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer o persona gestante que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, una vez que hubieren transcurrido las primeras doce semanas del embarazo. En este caso, el delito de aborto únicamente se sancionará cuando se haya consumado. 

Igual pena se aplicará al que haga abortar a la mujer o persona gestante con su consentimiento, en los términos del párrafo anterior”, indica la iniciativa.

Aborto gratuito e inmediato

El proyecto para la Ley Estatal de Salud propone agregar un capítulo denominado “Interrupción legal del embarazo”, en el cual se establezca que la operación deberá ser gratuita en instituciones de salud públicas.

El artículo 70 Bis indica que las instituciones de salud deberán efectuar la interrupción del embarazo en un término no mayor a cinco días naturales contados a partir de que alguna persona lo solicite.

Este plazo no aplicará cuando quien lo solicite declare, bajo protesta de decir verdad, que el embarazo es resultado de una violación sexual, pues en este caso se deberá efectuar la interrupción del embarazo inmediatamente.

El artículo 70 Ter contempla que, el personal de salud cuyas creencias religiosas o “convicciones personales” sean contrarias al aborto, podrá objetar y excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo.

Esta opción no aplicaría cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer y tampoco cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual y no haya personal disponible para practicar la operación de manera inmediata.

Exigen agilizar legislación

A la par de la presentación de las iniciativas activistas protestaron afuera del Congreso del estado para exigir que el dictamen con las reformas se ponga a votación a más tardar en la primera semana de julio.

En rueda de prensa denunciaron que la legislación se postergó por el proceso electoral, pero ahora que pasaron las elecciones enfatizaron que ya no hay pretexto para retrasar el tema.

De forma directa reprocharon a la presidenta de la Junta de Gobierno, Nora Yésica Merino Escamilla (de Morena), por alargar la discusión del tema mientras se encontraba en campaña en búsqueda de la reelección.

Además denunciaron que en la campaña no fueron atendidas por la legisladora, así que ahora que fue reelecta le exigieron una reunión.