La Sección Instructora de la Cámara de Diputados propuso el desafuero del ex delegado en Coyoacán y diputado federal con licencia por el Partido del Trabajo, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez por presunto enriquecimiento

Toledo, candidato a diputado federal por la coalición Morena- PT en el distrito de San Martín Texmelucan, Puebla, usó un prestanombres para tratar de ocultar su fortuna y se presentó como “consultor privado” de una empresa sin ingresos, que aun así le pagó 3.5 millones sólo en 2017 y le otorgó un salario hasta 2019, según el dictamen.

El proyecto de resolución que ayer circuló el presidente de la sección instructora , Pablo Gómez Álvarez (Morena), a los otros tres integrantes de esa instancia señala que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) sostiene que Toledo consignó ingresos por 9.4 millones de pesos, pero en realidad recibió 20.8 millones, una discrepancia de 11.4 millones.

No se ha definido una fecha para la votación del dictamen, pero en el momento en que ocurra, se enviará a la mesa directiva de la Cámara de Diputados a fin de que se solicite a la Comisión Permanente un periodo extraordinario en el que se decida el desafuero solicitado por la FGJ.

Según la Sección Instructora, en el caso de Toledo “se da por acreditado su incremento patrimonial y por no acreditada la legal procedencia del total de sus activos conforme a su remuneración por el desempeño de cargos públicos, su actividad principal, como tampoco respecto de los cuantiosos recursos que ha recibido de una actividad paralela como consultor privado”.

Aun cuando Toledo ha recibido ingresos importantes como diputado federal, incluyendo “un préstamo por una suma relevante que afirma haber obtenido de la Cámara de Diputados en 2010”, cuando fue diputado por primera vez, compró dos inmuebles y un vehículo de lujo entre ese año y 2011, “bienes cuyo valor en aquel entonces arroja una diferencia respecto de sus ingresos superior a 2 millones de pesos”.

También se corroboró que existe una discrepancia en el valor de uno de los inmuebles en Tlalpan. La defensa del diputado Toledo  sostuvo que costó 5.5 millones, pero el avalúo entregado por la fiscalía lo tasó en 10.5 millones.

Hay una diferencia entre los ingresos y lo reportado por 1.5 millones en 2017; ese mismo año, recibió otros 2.5 millones de pesos, pero no hay respaldo documental que justifique que fue un pago por sus servicios, según una información del diario La Jornada.