Durante la última semana de octubre, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, visitó lo que fue la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahí, en San Juan de Sabinas Coahuila, integrantes de la Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC) le entregaron una carta en mano, con fotografías sobre las condiciones de inseguridad en la explotación de la carbonera colapsada este viernes.

La entrega de la misiva en la que se solicitó a Bartlett una reunión para exponer el caso fue confirmada a Proceso por Cristina Auerbach Benavides, coordinadora de la Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC), dedicada a la defensa de derechos humanos laborales especializada en trabajadores de carbón que agrupa a sobrevivientes y familiares de mineros fallecidos en operaciones inseguras.

La carta, señala la revista, fue dirigida el 23 de octubre a Manuel Bartlett Díaz, membretada por la OFPC y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, ambas litigantes ante el Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso Pasta de Conchos.

La misiva inicia presentando su papel ante la CIDH y destacando la voluntad política expresada por el presidente López Obrador respecto al caso Pasta de Conchos, motivo de la presencia de ambos en la zona. Pero en el tercer párrafo, el documento establece:

“Adicionalmente (…) hay otro tema urgente, el cual constituye además una obligación del gobierno para con todos los mineros: la no repetición de siniestros y fallecimientos evitables en las minas de carbón”.

La carta establece a continuación que en más de una década, han dado seguimiento a casos y en su parte relacionada con la mina que se inundó hoy, advierte:

“Como muestra de lo anterior, con esta carta le entregamos unas fotos que tomamos el pasado lunes 12 de octubre en unas cuevas de arrastre. Corresponden a dos empresas que han firmado contratos con CFE y extraen carbón sin cumplir las condiciones de seguridad e higiene. No había agua potable para los trabajadores; estaban en tenis, sin equipo de seguridad; no había consola para medir el gas, ni botiquín, extinguidores, ventilación, auto-rescatadores y los trabajadores no sabían si los tenían registrados en el IMSS”.

Las condiciones mencionadas en la carta son motivo de suspensión de actividades ante una inspección de seguridad, un procedimiento ampliamente conocido y documentado por la OFPC.

En el caso de la explotación siniestrada hoy, se trata de una explotación irregular desde su instalación. En la región operan tres tipos de minas de carbón: las de arrastre que se suponen más tecnificadas; los tajos a cielo abierto y las más rudimentarias, los llamados “pocitos” que sin embargo, cuentan con ciertas medidas de seguridad. Pero en este caso, se trataba de cuevas excavadas en las paredes de un tajo abandonado en el municipio de Sabinas, de ahí que la carta establezca como “cuevas de arrastre” su referencia al caso.

Ofreciendo colaboración para atender el caso, le solicitaron una cita:

“En este contexto, consideramos que la experiencia y colaboración de la OFPC, serán fundamentales para que las empresas extractivas se ajusten a las leyes que están obligadas a cumplir. Por este motivo también vemos fundamental celebrar una reunión con usted”.

Auerbach Benavides aseguró esta tarde, en entrevista con Proceso, que Manuel Bartlett ni funcionario alguno de la CFE, dieron respuesta a la carta ni a la petición de audiencia.