Un par de empresas poblanas se sumaron a la lista de compañías que fueron clasificadas como “factureras” de acuerdo con la más reciente actualización de la lista de compañías con irregularidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La SHCP detecta a las agrupaciones que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Servicios Marjack, S.A. de C.V. y Desarrollo en Evolución del Sur Mac, S.A. de C.V. informaron a las autoridades federales que tenían su domicilio fiscal en el territorio poblano. La primera en la capital poblana y la segunda en Cuautlancingo.

En el Diario Oficial de la Federación se detalla que Desarrollo en Evolución del Sur Mac, S.A. de C.V. tiene como actividad preponderante ofrecer servicios de consultoría en administración y se encontró ausencia de activos, ausencia de personal y sin capacidad material.

En el Registro Público de Comercio no hay documentos publicados sobre la constitución de Desarrollo en Evolución del Sur Mac.

Mientras que Servicios Marjack tenía como actividad preponderante las relacionadas con el ámbito textil, comercializaba al por mayor fibras, hilos, telas, blancos, juguetes, productos farmacéuticos, desechos de papel y de cartón, maquinaria y equipo para la industria manufacturera; se dedicaba a la enajenación de arena, grava, piedra, tierra y otros bienes muebles provenientes del suelo, entre otros.

Los socios de Servicios Marjack son Julio David Solares Ponce y Luis Gerardo González Muñoz quienes iniciaron la compañía con una inversión de 300 mil pesos en octubre de 2017 conforme con el acta constitutiva publicada en el Registro Público del Comercio.

Esta compañía aparece en el reporte analítico del activo del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros del 1 al 31 de mayo de 2018 y en el documento se indica que se abonó a la empresa 67 mil 219 pesos, sin embargo, no aparece en el padrón de proveedores del ayuntamiento de ese año y tampoco en la lista de contratos realizados durante ese año en la Plataforma Nacional de Transparencia.

La utilización de empresas “fantasma” o “factureras” es común por autoridades que hacen convenios con compañías que no tienen la capacidad de otorgar el servicio que ofrecen.