La universidad Iberoamericana de Puebla solicitó una investigación a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) de Puebla por los actos violentos de funcionarios de la Fiscalía General del Estado contra familiares de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, joven pediatra encontrada sin vida hace tres años en una vivienda de San Andrés Cholula.

A través del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría SJ” instaron al organismo a realizar las investigaciones correspondientes por las violaciones a los familiares, representantes de organizaciones y medios de comunicación.

Otras organizaciones de Derechos Humanos como ONU mujeres y CDH Vitoria se sumaron a las protestas por la manera en la que las autoridades de justicia en Puebla recicbieron a la familia de una joven que fue aseinada en 2018. 

Ante los hechos ocurridos el día de hoy en las instalaciones de @FiscaliaPuebla, @ONUMujeresMX y @ONUDHmexico llamamos a las autoridades al respeto al derecho a la manifestación pacífica, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.

— ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) May 22, 2021

 May 21, 2021

Este viernes, los familiares, acompañados de amigos e integrantes de grupos feministas, llegaron al edificio central de la Fiscalía del Estado para exigir que la muerte siga la investigación de feminicidio e investigado con perspectiva de género. 

También demandan que el inmueble donde fue localizada sin vida en 2018, en el fraccionamiento Real de Zavaleta, continúe resguardado y no sea entregado a su dueño. Antes de llegar a la FGE acudieron al domicilio para colocar lonas y pancartas con exigencias de justicia.

No obstante, para impedir que la familia ingresara a la dependencia, los recibieron a golpes y con gas pimienta.

El instituto de la Ibero Puebla condenó y rechazó el actuar de los elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado, pues el uso de la fuerza pública es un recurso para proceder en las protestas sociales.

“Hacemos un llamado a la Fiscalía General del Estado de respetar y garantizar los derechos de la libertad de expresión de reunión y la protesta social, así como proteger la integridad de las personas manifestantes y medios de comunicación, con apego a los estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social”, señala en un posicionamiento.