El ayuntamiento de Puebla interpuso otra controversia constitucional contra el decreto con el que el gobernador Miguel Barbosa Huerta asume el mando de la seguridad en la capital. 

El nuevo recurso promovido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es igual que el del año pasado que aún no se resuelve.

La nueva controversia se debe a que el 24 de marzo el gobierno estatal renovó el decreto, porque caducó el del año pasado.

Para evitar el sobreseimiento de la controversia anterior por quedar sin materia, el gobierno de Claudia Rivera Vivanco impugnó el decreto renovado mediante la controversia 54/2021.

Además de la invalidez del decreto, el ayuntamiento demanda en su juicio no aplicar la fracción VIII del artículo 105 de la Constitución Política del Estado, que faculta al gobierno estatal para tomar el mando de la policía municipal en situaciones determinadas.

Como el Congreso del Estado legisló esta disposición, se encuentra como autoridad demandada, igual que el gobernador y la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, quien promulgó el decreto del 24 de marzo.

Igual el entonces secretario de Seguridad Pública, Raciel López Salazar, por rubricar el decreto en mención.

La Corte admitió el nuevo recurso y lo acumuló a la controversia anterior, la 46/2020, interpuesta el 5 de marzo del año pasado.

En el primer juicio el ayuntamiento ganó el primer “round” al gobierno estatal apenas el 7 de abril, ya que la SCJN concedió una suspensión provisional y ordenó a Barbosa Huerta abstenerse de asumir el mando de la seguridad.

Antes de la suspensión el mandatario ya había admitido que no tomaría el control de la policía municipal y que la renovación del decreto sólo era mero trámite.