El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió interponer una controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) .

El instituto informó que no puede destinar recursos al padrón porque el presupuesto que se le aprobó ejercer este año no prevé una partida para poner en marcha ese registro.

“Por lo que el mandato legislativo para que el IFT lleve a cabo acciones para instalar, operar, regular y mantener el padrón configura una afectación directa a una garantía institucional de este órgano autónomo”, señaló .

 Añadió que el acto legislativo tiene elementos que podrían contraponerse con el mandato de la institución de garantizar los derechos de los artículos 6 y 7 de la Constitución, así como de favorecer el acceso a servicios de telecomunicaciones.

“Con este recurso legal, el IFT busca garantizar su autonomía presupuestaria, así como un ejercicio eficaz y oportuno de las facultades y fines que constitucionalmente están encomendados a este instituto, a través de mecanismos previstos por la Constitución y con pleno respeto a las facultades de los demás órganos y Poderes de la Unión”, subrayó en un comunicado.

Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, indicó que los comisionados actuaron juntos y pensando en derechos fundamentales por primera vez, y en materia de conectividad de los ciudadanos, específicamente, en los más pobres.

“Recordemos que el IFT en otras circunstancias evadió esa responsabilidad, los comisionados no abordaron la defensa de sus facultades”, comentó.

El presidente de DPL celebró la decisión del IFT, pues considera que los amparos no iban a ser suficientes, ya que son un recurso para defender sus derechos, por lo que sólo generan un beneficio para una persona.

“La controversia ataca el fondo del tema a favor de los ciudadanos, entonces el IFT está pensando en la colectividad y no tengo duda de que esta iniciativa [el padrón] ha sido el ataque más certero contra los derechos de conectividad de los ciudadanos”, destacó Negrete.

El pasado 16 de abril se publicó la norma que obliga a los usuarios de telefonía móvil a entregar sus datos personales y biométricos a operadores, para que estos, a su vez, los cedan al IFT, que administrará esta información.

Hace dos semanas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que plantea la creación del padrón, con el fin de defender la privacidad de las personas y sus datos privados.

La reforma ordena que el IFT instalará, operará, regulará y mantendrá el padrón de móviles.

Sin embargo, ni en la planeación ni en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de este año hay recursos asignados para poner en marcha el registro, al ser éste una obligación generada en el ejercicio en marcha, detalla el regulador.

Cifras del IFT estiman que necesitará 109.9 millones de pesos el primer año y 88.6 millones para los años subsecuentes.

Al respecto, el instituto informó que solicitaría recursos a Hacienda, pues para este año cuenta con mil 510 millones de pesos, cifra que representa una reducción acumulada de 41.1% en términos reales desde 2014, según una información del diario El Universal.