La Cámara de Diputados aprobó, con 302 votos a favor, 135 en contra y diez abstenciones, la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), así como reformas y adiciones a 65 ordenamientos, sin tomar en cuenta las propuestas de los colectivos de víctimas.  

Los legisladores de oposición e incluso morenistas, acusaron que el Congreso avaló una ley “a la medida” del fiscal Alejandro Gertz Manero. Diputados de todos los grupos parlamentarios inscribieron alrededor de 150 reservas para su discusión en lo particular de la iniciativa.  

El nuevo ordenamiento establece que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una FGR como órgano público autónomo, cuyo titular será propuesto por el Presidente de la República y ratificado por el Senado.   

El fiscal general solo podrá ser removido por el Ejecutivo por causas graves comprendidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas, o por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva en términos del artículo 19 constitucional.  

Mantiene la participación de la FGR, con pleno respeto a su autonomía, en los sistemas nacionales de Búsqueda de Personas y de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.  

En los mismos términos participará en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.  

Para el ejercicio de sus facultades, la FGR estará encabezada por su titular e integrada por las fiscalías especializadas de Control Competencial, de Control Regional, Delincuencia Organizada, Delitos Electorales, Combate a la Corrupción, Derechos Humanos y Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.