El Senado acordó que la Fiscalía General de la República (FGR) no saldrá de los sistemas nacionales de coordinación de búsqueda de desaparecidos, de violencia contra las mujeres, de trata, de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, y se creará la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.

Luego de semanas de discusión, polémica y la protesta de colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos este miércoles, con 118 votos a favor y 1 en contra de Emilio Álvarez Icaza, el Pleno aprobó en lo general y los artículos no reservados la Ley de la Fiscalía General de la República, así como reformas a diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.

En cuanto a lo particular, el dictamen fue avalado por 113 a favor y 1 en contra de la Asamblea.

En un adendum acordado entre todas las fuerzas políticas de la Cámara Alta, en negociaciones con el fiscal general Alejandro Gertz Manero, y la Secretaría de Gobernación, se logró mantener a la FGR en los mecanismos para la protección de derechos humanos, tras la presión de los colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

Se trata del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y el Mecanismo de Protección de Personas Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas.

Además, se pactó la creación la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas para la investigación y persecución de los delitos del orden federal previstos en el Código Penal Federal, relativos a hechos de violencia contra las mujeres por su condición de género, y delitos de trata de personas.

Otro de los temas que la oposición logró consensuar fue que se mantuviera el Consejo Ciudadano al interior de la Fiscalía, pues desaparecía del dictamen original, y la responsabilidad del Senado de la República de evaluar el plan estratégico de procuración de justicia.

Con información de El Financiero y Proceso.