La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Además, la fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del funcionario público.

El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, reveló anoche la solicitud  presentada por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

En respuesta, García Cabeza de Vaca acusó al gobierno federal de orquestar una “embestida política” en su contra. “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito…Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, manifestó.

La FGR adelantó que está dispuesta a ratificar la solicitud de declaratoria de procedencia este mismo jueves.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la SEIDO y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que darían pie a las indagatorias de FGR.

Una de las acusaciones  involucra a la esposa del gobernador, Mariana Gómez Leal y  a sus hermanos Ismael –actualmente senador– y José Manuel García Cabeza De Vaca, además de que a su madre, María de Lourdes Cabeza De Vaca Wattenbarger, le documentan un depósito irregular de 4.5 millones de pesos. También involucran al suegro del gobernador, José Ramón Gómez Reséndez.

En la denuncia se vincula a las empresas Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava y la inmobiliaria RC de Tamaulipas.

La petición de la FGR para desaforar al gobernador está relacionada con una querella inicial, presentada en agosto de 2020, en la que fue acusado por delito de enriquecimiento ilícito, por más de 951 millones de pesos.

En la carpeta de investigación, integrada por la UIF y el Ministerio Público, se acredita que, entre abril y diciembre de 2019, se realizaron triangulaciones financieras que reportaron ingresos por 42 millones de pesos. Los recursos provenían de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12. La compañía habría recibido los recursos de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita, pero en Estados Unidos.