El TEPJF retiró al gobernador Miguel Barbosa Huerta, al presidente, alcaldes y todos los servidores públicos del país la prohibición de hablar sobre asuntos electorales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la medida tras declararla excesiva, aunque en la práctica no fue acatada por el mandatario poblano, quien a diario suele opinar de temas político-electorales.

En sesión privada realizada el miércoles, la Sala Superior aprobó por mayoría de votos echar abajo la restricción, establecida como medida cautelar por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los y las magistradas resolvieron que el INE se excedió al intentar regular las expresiones de todos los servidores públicos del país, pues únicamente debía enfocarse en el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El primer mandatario fue denunciado por el PRD por sus continuas declaraciones contra partidos de oposición en sus ruedas de prensa “mañaneras”. 

Tras la censura del INE la presidencia de la República promovió un recurso de revisión y un incidente de incumplimiento de sentencia, mismos que se declararon fundados y así se revocó la regulación impuesta al funcionariado. 

“El incidente de incumplimiento de sentencia se consideró fundado por dos cosas: el Consejo General del INE se excedió en lo ordenado al dictar las medidas cautelares de tipo inhibitorio, emitiendo lineamientos generales con alcances para todos los servidores públicos, de todos los niveles, cuando tenía que ser solamente para el presidente, y, dos, porque el Consejo General delegó a la Comisión de Quejas el dictado de la medida, cuando en la sentencia se le señaló que era el propio Consejo el que tenía que pronunciarse sobre ello”, señaló el TEPJF.

Ordenan nueva medida cautelar

Por lo anterior el INE tendrá que emitir una nueva resolución de medidas cautelares que involucren únicamente a López Obrador, pero sin limitar su derecho a opinar de asuntos electorales.

La regulación del INE se emitió el pasado 15 de enero y Barbosa Huerta prometió acatarla, aunque no cumplió y continuó pronunciándose sobre asuntos político-electorales.

Los lineamientos prohibían a todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno opinar públicamente sobre sobre las prerrogativas de los partidos políticos (financiamiento público y acceso a radio y televisión); vida interna de los partidos políticos nacionales y locales, así como sus candidaturas.

Tampoco podían referirse a las etapas del proceso electoral; los frentes, coaliciones electorales, alianzas nacionales o locales; las plataformas electorales; las campañas; las estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local, así como de encuestas de intención del voto o preferencias electorales.

Esto con el fin de evitar que el presidente, los gobernadores o alcaldes influyeran en las preferencias electorales de la ciudadanía o violentaran los principios de equidad e imparcialidad en la contienda.