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Acusan que red de políticos protege a banda rumana en Cancún

La organización clona tarjetas bancarias de turistas y trafica con personas para explotación sexual
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Una red de políticos de PVEM, PRI, PRD, PT y Morena, además de funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo, presuntamente protegen y colaboran con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, El Tiburón, dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión a comerciantes.

Según información de inteligencia del gabinete de seguridad federal, en esta red de protección estaban los ex gobernadores priistas de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y Roberto Borge;  diputados del Partido Verde y ex alcaldes priistas y perredistas de la entidad, además de operadores y militantes de Morena y del Partido del Trabajo.

En un documento presentado en octubre de 2020 en el gabinete de seguridad, destaca el líder del Movimiento Nacional por la Esperanza y ex diputado local en Ciudad de México René Bejarano, ubicado por los servicios de inteligencia como uno de los principales vínculos de Tudor, según una nota del diario Milenio.

A través de varios colaboradores, Bejarano usó Morena e, incluso, actuó con el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para estafar a ciudadanos y empresarios de Cancún, según el documento.

El Tiburón, también conocido como Rechinu, logró tejer en 14 estados una red de funcionarios y empresas fantasma que, según información del FBI y la DEA, le permitieron operar en al menos 15 países. El centro de sus operaciones es Cancún.

El expediente de inteligencia cuenta con datos proporcionados por la DEA, que advirtió al gobierno mexicano que el inicio de operaciones de las células rumanas data del sexenio de Félix Arturo González Canto, gobernador de Quintana Roo entre 2005 y 2011, quien colaboró para el establecimiento de estos grupos criminales.   El ex gobernador priista fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Durante su gestión, la Auditoría detectó un desvío de fondos por 20 millones de pesos. Después, Roberto Borge, ex mandatario ya preso, dio protección a Tudor para que continuara sus operaciones.

 

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