En Puebla se busca castigar con cárcel, multas y la destitución a los servidores públicos que oculten los resultados de los exámenes toxicológicos de personas detenidas.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta busca que esta práctica ahora sea considerada un delito contra la procuración y administración de justicia.

Esto bajo la premisa de que los resultados toxicológicos permiten al Ministerio Público aclarar con más facilidad un hecho delictivo, así como integrar una carpeta de investigación más sólida, para vincular a proceso a los responsables.

Por ello el mandatario envió al Congreso del estado una iniciativa para reformar el Código Penal del estado.

Con ella busca modificar el artículo 421, en el cual se enlistan hasta ahora 39 acciones que constituyen delitos contra la procuración de justicia.

Su propuesta busca agregar lo referente a los exámenes toxicológicos en la fracción 9 de dicho artículo, para que también sea un delito:

“Negarse a integrar o proporcionar la información pericial resultado del examen a personas relacionada con alcoholemia o drogas prohibidas, en su caso, a la carpeta de investigación”.

Las sanciones por esta práctica estarán en el mismo articulo 421, pues actualmente advierte que las acciones que enlista se castigan con cárcel, multas, la destitución o la inhabilitación.

“En todos los delitos previstos en el presente artículo, además de la prisión y multas previstas, la servidora pública o servidor público será destituida o destituido e inhabilitada o inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”, sentencia.

La iniciativa de Barbosa Huerta será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia antes de su aprobación.