Un testigo protegido identificado como “Juan”, presunto líder de Guerreros Unidos, declaró a la Fiscalía General de República (FGR) que los 43 normalistas de Ayotzinapa y otras 30 personas fueron detenidos en una operación conjunta de militares, policías y sicarios.

“Deseo señalar que no solamente se ejecutó a 43 estudiantes y las personas que murieron en Santa Teresa, sino que hubo más personas muertas en el evento del 26 y 27 de septiembre de 2014, las cuales pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, y que se metieron a Iguala, siendo un total como de 70 u 80 personas el total de muertos de esos hechos”, dijo  “Juan” el 10 de febrero de 2020 a la FGR en una declaración reseñada por el diario Reforma.

A partir de estas revelaciones, la administración federal detuvo al Capitán José Martínez Crespo y liberó 17 órdenes de aprehensión contra militares relacionados con los hechos. Martínez Crespo, quien sigue su proceso en la cárcel del Campo Militar Número 1, fue señalado por “Juan” como operador de la detención de los normalistas.

El declarante explicó que Guerreros Unidos, auxiliado por militares y policías, buscaba a sicarios del grupo de Onésimo, jefe de un cártel rival que les adeudaba dinero. Los sicarios rivales se mezclaron entre los estudiantes que hacían una protesta en Iguala.

Según el testimonio, fueron tres grupos de personas detenidas: uno fue tomado directamente por miembros de Guerreros Unidos, a otro se lo llevó la Policía Estatal, y a otro el Ejército, a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. El propósito era interrogarlos para saber quiénes eran los sujetos que venían en el grupo contrario. Los detenidos en el cuartel militar fueron entregados a una célula de Guerreros, conocida como “Los Tilos” quienes procedieron a su desaparición, diluyendo cuerpos en ácido y sosa cáustica para verter restos líquidos por coladeras y el drenaje.

En un domicilio de Lomas de la Cumbre y Lomas de la Concha, Colonia Tacuba-11 de Marzo, de Iguala, otros muchachos fueron destazados a machetazos y hachazos. Después, los trasladaron a Servicios Funerarios “El Ángel”, a las afueras de Iguala. Allí tardaron dos días en cremar todos los restos humanos. Los que no se alcanzaron a quemar, fueron esparcidos en Taxco, cerca de unas minas abandonadas, e Iguala, poco antes de llegar al pueblo de Coacoyula. Según la versión, policías estatales confabulados con los narcos sembraron evidencias en el basurero de Cocula para ayudar a autoridades a dar resultados “rápidos” de las investigaciones, según el testimonio divulgado por Reforma.