A la presidenta municipal de San Andrés Cholula le siguen apareciendo quejas de empleados del ayuntamiento, a los que no se les han cubierto sus gastos médicos, han sido despedidos o han tenido que recurrir a la Comisión de Derechos Humanos y al presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar el reembolso de medicamentos, estudios médicos y hasta gastos funerarios.

Es el caso de Elizabeth Varela Romero, empleada de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Cholula, a quien no le cubren 11 mil 870 pesos que ha gastado para atenderse y recuperarse de Covid, virus que contrajo durante su jornada laboral, pese a que desde hace siete meses lo ha gestionado ante el Departamento de Capital Humano, la Tesorería Municipal, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Función Pública y el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las quejas han surgido a raíz de que este medio hizo público un reembolso por más de 103 mil pesos a favor de Karina Pérez Popoca, quien cuenta con un sueldo bruto mensual de 73 mil pesos, pero pidió la devolución por los gastos médicos que resultaron de su hospitalización, la colocación de un implante en el tobillo izquierdo y el pago de los honorarios del médico Pascual Mauricio Hernández Molina.

Durante la misma temporada Elizabeth sufrió el fallecimiento de su padre, por lo que solicitó a la encargada del departamento de Capital Humano apoyo para solventar los gastos médicos y funerarios, pero se le indicó que no había recursos por lo que fue canalizada a la Tesorería municipal a través del número 403-70-00 extensión 106 con el folio número 2509.

Sin embargo, nunca recibió respuesta en dicho número y a su regreso, luego de superar la enfermedad por Covid-19, se dio cuenta de que le realizaron descuentos a su pago de nómina durante el tiempo que estuvo en incapacidad.

En copias de estas quejas, enviadas a e-consulta, la trabajadora municipal enumera las violaciones a sus derechos humanos y laborales de las cuales fue objeto por parte de miembros de la comuna sanandreseña, pues desde el 9 de junio del 2020 hasta este 19 de enero del 2020, a siete meses de distancia, continúa sin obtener respuestas de las autoridades municipales. 

Un caso más del cual existen pruebas es del de Nereyda Pérez Marín quien se contagió con el virus en septiembre pasado y tuvo que costear en buena parte los gastos de la enfermedad, pues la encargada de Capital Humano le informó que por órdenes de la alcaldesa sólo se podía cubrir el 50 por ciento.

Pero después de que uno de sus familiares tuviera que presentarse varias veces en el ayuntamiento para pedir el apoyo para Nereyda, quien se encontraba aislada por el virus, sin recibir respuesta, optó por presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos debido a que no se le respetaron sus garantías de ley.