Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El objetivo de la propuesta es otorgar ventajas a empresas que desarrollen los procesos voluntarios de autorregulación ambiental contemplados en la Ley General de Equilibrio Ecológico, donde se utilice la evaluación de puntos y porcentajes en los casos de licitación pública para la adquisición de bienes.

La Unión Europea, la India y Costa Rica han materializado propuestas similares que ofrecen una ventaja importante en los procesos de evaluación a aquellas ofertas que cumplen con criterios de sostenibilidad, lo que les ha permitido estar a la vanguardia en materia de adquisiciones públicas.

“Estas adquisiciones se distinguen de las compras públicas tradicionales porque van más allá del precio más bajo como criterio para adjudicar licitaciones. Este tipo de compras desafían a las entidades de gobierno a optimizar sus gastos, garantizando las mejores condiciones sociales, económicas y ambientales en sus compras”, señaló la Senadora por Puebla.

Fortalecer dicha práctica permitirá considerar el costo financiero de productos, sin dejar a un lado el costo social y climático que estos pudieran tener, contribuyendo así al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: Producción y consumo sostenibles, a través de la meta 12.7 que plantea la promoción de prácticas de adquisición pública sostenibles de acuerdo con las políticas y prioridades nacionales.

Las compras públicas sostenibles impactan las dimensiones económica, social y medioambiental de la Agenda 2030 al permitir reportar beneficios como la reducción de gastos en futuras adquisiciones, la mejora de las condiciones laborales, el uso eficiente de recursos como aire y agua, así como la reducción de gases de efecto invernadero.

Durante su intervención la Senadora Nancy de la Sierra comentó que “estas ventajas ya se conceden a empresas que contratan a personas con discapacidad o que implementan políticas de igualdad en sus centros de trabajo, por lo que el mecanismo puede aplicarse también para incentivar a las organizaciones a cumplir con sus responsabilidades frente al medio ambiente”.

La aprobación de la iniciativa implicaría reafirmar el compromiso de México con el desarrollo sostenible alrededor del mundo, al priorizar los derechos ambientales sobre el mercado además de asegurar un entorno saludable y recursos naturales suficientes para la subsistencia de las futuras generaciones.