El ex alcalde de Olintla, Abdí Ramírez Pérez, fue acusado por ciudadanos de emplear una ambulancia del municipio para la realización de actos anticipados de campaña, que incluyen el transporte de personas hacia el módulo del INE en Zapotitlán para tramitar la actualización de la credencial de elector y el traslado de block y láminas para donación.

A través de unas fotografías que hicieron llegar a este medio de comunicación se puede observar a la ambulancia con número de placas TYK-46-88 transportando a personas que no cuentan con ninguna lesión, además de que el vehículo no es conducido por un paramédico.

La intención de transportar a los ciudadanos en la ambulancia es que actualicen sus credenciales para votar, pues algunos habitantes de este municipio de la Sierra Norte cuentan con credenciales vencidas y se busca que puedan votar en las elecciones del próximo año 2021.

Sin embargo, el módulo del Instituto Nacional Electoral más cercano se encuentra en el municipio de Zapotitlán de Méndez, por lo que hay que transportar a las personas durante aproximadamente una hora.

Indicaron que Ramírez Pérez les ha ofrecido láminas y block para poder concluir construcciones en esta zona, para lo cual también ha utilizado vehículos oficiales y señalaron que al momento de las entregas el político ha pedido que no se tomen fotografías para evitar que puedan ser usadas en su contra.

Ramírez Pérez  fue alcalde de Olintla de 2014 a 2018, y este 2021 busca para ser otra vez alcalde , pero aún se desconoce con qué partido buscará el registro, pues fue separado del Revolucionario Institucional luego de que apoyara la campaña del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.

El político además fue señalado por manipular al actual presidente municipal Miguel Juan Sánchez, quien es originario de una comunidad indígena y presenta deficiencias tanto en la escritura como en el uso de la lengua española.

La acusación se respaldó en el hecho de que se obtuvo un permiso para la realización de una obra de agua potable en el municipio, que tuvo una inversión de 60 millones de pesos, pero que no contaba con el estudio de impacto ambiental, además de que era un proyecto que surgió durante la administración de Ramírez Pérez, pero realizado durante la gestión de Miguel Juan Sánchez.